* Entre bloqueos, derrumbes y terrorismo
* Crisis recurrente y sobre diagnosticada
Una vez más la vía Panamericana, principal corredor terrestre entre el centro y el sur del país, fue bloqueada. En esta ocasión el taponamiento, en el sector El Túnel, en zona rural de Cajibío (Cauca), lo protagonizaron integrantes de una asociación de autoridades indígenas por cuenta de la demora en la expedición de un decreto que les confiere un estatus especial.
Lo más grave no solo fue el cierre de la autopista alegando un incumplimiento gubernamental, sino que ayer, cuando la Fuerza Pública y otras autoridades buscaban que se levantara la protesta y despejar la vía, se registró un atentado terrorista que dejó a un adulto mayor muerto y varios civiles y uniformados heridos.
Como era de esperarse, tras la acción violenta, cuya autoría las autoridades investigaban, aunque es claro que en la región delinquen grupos residuales de las Farc, hubo un alud de reacciones, obviamente de condena a los terroristas, pero también debatiendo qué hacer para frenar los bloqueos constantes a esta importante arteria vial.
A finales de julio este Diario publicó un informe que daba cuenta de que, en promedio, este año se ha presentado un cierre de esa vía cada cinco días por alguna protesta. De hecho, a ese mes ya se contabilizaban 39 bloqueos (superando los 31 de 2023). Las pérdidas acumuladas eran cuantiosas, sobre todo para transportadores de carga, comercio, industria, agro y múltiples sectores de generación de productos, bienes y servicios no solo de Valle, Cauca y Nariño, sino de todo el suroccidente y centro del país. Tampoco se puede perder de vista que la Panamericana es el principal canal terrestre para las importaciones y exportaciones con Ecuador y el sur del continente.
Rubros como el turismo también han lanzado múltiples alertas sobre las graves afectaciones, no solo por el taponamiento recurrente de la autopista por parte de comunidades indígenas, campesinos y otros grupos poblacionales, sino porque esa región ha sido escenario este año de una escalada de inseguridad y desorden público protagonizada principalmente por disidencias y reincidencias de las Farc, el Eln, bandas criminales de alto espectro y otros factores de delincuencia común y organizada. Paradójicamente, la accidentada política de “paz total”, sobre todo por los gaseosos ceses el fuego pactado con algunos grupos ilegales armados terminó siendo una de las principales causas de esta crisis, ya que limitó el accionar de la Fuerza Pública y facilitó el fortalecimiento de facciones subversivas y economías ilícitas.
Para algunas autoridades e instancias políticas, económicas, sociales e institucionales del suroccidente colombiano es claro que tanto este gobierno como los anteriores tienen parte de la culpa en toda esta situación porque han incumplido sistemáticamente un alud de acuerdos con las comunidades de la zona. Y estas, a su vez, también son responsables de la crisis endémica en la Panamericana porque acuden constantemente a las vías de hecho, especialmente al bloqueo de la carretera, sin importarles las millonarias pérdidas y afectaciones a terceros que no tienen nada que ver con las promesas oficiales y su ejecución.
Otra circunstancia a tener en cuenta es que muchos paros y bloqueos son presionados por los grupos residuales de las Farc y otras facciones ilegales con el fin de frenar operativos de las Fuerzas Militares y de Policía.
También son crecientes las posturas gremiales y de otros sectores que, si bien recalcan que el derecho a la protesta pacífica está amparado constitucional y legalmente, los cierres a cada tanto de una de las principales carreteras colombianas evidencian que el Estado Social de Derecho se ha debilitado de forma grave en varias regiones y las vías de hecho son las que están primando. Por lo mismo, piden que se aplique el principio de autoridad y el uso legítimo y proporcionado de la fuerza institucional.
Más allá de ese debate, es innegable que el problema de fondo es la vulnerabilidad estratégica que significa que la movilidad poblacional, economía, empleos y el día a día de la comunicación del centro y el sur del país, así como con el resto de Suramérica, dependa exclusivamente de una sola autopista. Es imperativo desarrollar otros corredores viales en la zona, con suficiente capacidad e infraestructura para que no se forme un cuello de botella cada vez que la Panamericana sale de servicio, sea cual sea la causa.
Como se ve, el problema va más allá de que los gobiernos cumplan los acuerdos con las comunidades o de que la Fuerza Pública reprima eficientemente el accionar de los ilegales o proceda a despejar, haciendo uso legítimo de la fuerza, la importante carretera. En el fondo, la debilidad estratégica radica en depender de una sola vía terrestre para comunicar al centro del país con el sur, más aún ante la deficiencia del transporte fluvial, aéreo y férreo en dicha región. Una circunstancia suficientemente diagnosticada, pero no por ello con una solución eficiente, estructural y de alta complejidad.