* Nefasto precedente judicial contra la prensa
* Se requiere intervención de la OEA

El  caso judicial entre el presidente del Ecuador, Rafael Correa, y el editor del diario El Universo de Guayaquil, Emilio Palacio, ha derivado en una grotesca embestida oficial contra la libertad de expresión, la independencia y el papel que cumplen los escritores públicos en la sociedad. No se trata de amedrentar a un periodista, ni a un grupo de opositores; se consigue de manera fría y calculada que un juez que debiera ser imparcial y justo, siente el precedente oscuro de llevar a la ruina a un diario por expresar sus opiniones contrarias a las del gobierno de turno. Se avanza por la vía peligrosa de legalizar un atentado contra la libre empresa. A sabiendas de que en la legislación del Ecuador no se contempla la obligatoriedad de la autocensura, siendo los periodistas responsables de sus opiniones. Y para ello se apela a un procedimiento estrambótico; se trata de culpar a Palacio por un delito que no cometió, que no existe en el ordenamiento jurídico del vecino país. Como de hacer responsables a los dueños del diario por no haber ejercido el control previo en la crónica que publicó el editor sobre hechos de conocimiento público nacional e internacional transmitidos por televisión y radio, cuando el gobernante de manera súbita y voluntaria se mezcló en una confusa protesta policial.
El Gobierno del Ecuador lleva la exacerbación contra los medios de la oposición a tal punto que no vacila en hacer crujir las bases mismas de la democracia. El ambiente adverso que se respira en las esferas gubernamentales y judiciales contra la prensa, que aumenta por las duras y acerbas declaraciones del Poder Ejecutivo, ha provocado que no pocos periodistas se vean obligados a salir precipitadamente del país para preservar su integridad. Los que escriben y opinan sobre la actualidad ecuatoriana, lo hacen asumiendo su propio riesgo. Al quedar un sector de la justicia bajo la inspiración oficial o de la solidaridad política, que lleva a un juez a salirse de los códigos y las leyes establecidas en lo que se conoce como Estado de Derecho, para proceder por el sombrío sendero de las interpretaciones amañadas, se desquicia el sistema y las garantías individuales reconocidas en la democracia occidental desaparecen, dando lugar a un autoritarismo hirsuto. La multa de US$ 40 millones que se le impone de manera aleve a El Universo, no tiene antecedentes en el país y lo que busca es silenciar para siempre al importante diario. Es sorprendente que la OEA en cuya Carta, redactada por Alberto Lleras, se consagra la defensa de la democracia y la libertad, no tome medidas para condenar las arbitrarias medidas contra el diario y se salga a la defensa conjunta del ejercicio de la noble actividad periodística cuando en las barbas de todos se quiere amordazar a El Universo.
El presidente Correa, tras las incidencias de un juicio amañado y sin garantías, que celebró con su plana mayor, en el que consigue que se legalice la ruina del diario independiente, sale a última hora a decirles a sus propietarios que si piden perdón no reclamará el monto de la multa, lo que significaría dejar por el suelo la dignidad profesional de éstos, sin la menor garantía de cumplir con su oferta, dado que el gobernante durante el juicio varias veces de manera caprichosa ha cambiado de parecer. El oficialismo ha logrado amedrentar a la mayoría de los órganos de opinión que temen desaparecer por cuenta de juicios absurdos. Es verdad que el entuerto aún no termina y que el caso pasará a casación en la Corte Nacional de Justicia, mas como sostiene el director de El Universo, Carlos Pérez, se carece de garantías, “en cuanto a nosotros nos han llevado a una Corte donde el jefe de los jueces es el mismo demandante y eso lo hace juez y parte, y eso en ningún proceso judicial está bien visto”. Por tanto, no basta expresar de nuevo la solidaridad con El Universo, es preciso, como opina la gran mayoría de medios de comunicación y los periodistas demócratas sin distinción política de nuestra región, que el tema de la libertad de prensa en Ecuador sea atendido por la OEA y la apelación judicial debe ir a un tribunal internacional.