* Peligroso desborde jurisdiccional de la Casa de Nariño

* El principal protagonista de los mayores cortocircuitos

Si bien la presidencia de la República es el cargo de elección popular más importante del país, la alcaldía de Bogotá es el segundo, no solo por ser la capital y el centro de poder político del orden nacional, sino porque la ciudad genera una cuarta parte del Producto Interno Bruto, alberga la quinta parte de la población colombiana y es el principal nicho de negocios, mercado laboral, recaudo tributario y de dinamismo en cuanto a productos, bienes y servicios.

Así las cosas, para el cumplimiento de los propósitos de país es vital que las relaciones institucionales entre el Gobierno nacional central y el Distrito Capital se desarrollen en un marco de respeto por las facultades y competencias de la Casa de Nariño y el Palacio Liévano en todos los aspectos. Ese esquema funcional no depende de la coyuntura o capricho de quién sea el jefe de Estado o el mandatario capitalino, sino que está reglado de manera clara por la Constitución y la ley. Dicho acumulado normativo señala de manera taxativa los roles del Ejecutivo nacional y el gobierno Distrital, así como los lineamientos de jerarquía, jurisdicción y autonomía administrativa, política, económica e institucional.

Aunque los puntos de tensión y diferencias son normales dentro del día a día de la interacción de los diferentes niveles del aparato estatal, las relaciones entre la administración bogotana y el Gobierno nacional se han desarrollado mayoritariamente en un marco funcional de respeto y colaboración. Esto, incluso, cuando la presidencia y la alcaldía han tenido titulares de orillas políticas y partidistas distintas. Sin embargo, un repaso a lo ocurrido en las últimas dos décadas evidencia que las mayores contradicciones, crisis y cortocircuitos tienen un nombre en común: Gustavo Petro, que fue mandatario distrital entre 2012-2015 y ejerce como jefe de Estado desde agosto de 2022.

Como alcalde de la capital, en una de las épocas más convulsas del gobierno bogotano, Petro sostuvo innumerables choques con la administración del presidente Santos en asuntos relacionados con la política de seguridad, manejo de la protesta social, subsidios de vivienda, proceso de paz, servicios públicos y otros múltiples campos en donde hubo un desinstitucionalizador y desgastante contrapeso de decisiones y ópticas nacionales y distritales… El punto culminante de ese choque de poderes permanente fue el traumático proceso de destitución del alcalde por parte de la Procuraduría y su posterior restitución.

Ya como titular de la Casa de Nariño, Petro suma una gran cantidad de cortocircuitos con la administración distrital, tanto con la anterior alcaldesa Claudia López como con el actual mandatario Carlos Fernando Galán. Con la primera, pese a provenir ambos de izquierda e incluso ser antiguos aliados políticos y electorales, las controversias se centraron en asuntos como el manejo de la política de seguridad y orden público, la crisis carcelaria, el diseño de la primera línea del Metro, el desarrollo de las troncales de Transmilenio, el situado fiscal para Bogotá, la financiación nacional a obras en la ciudad y las implicaciones políticas del ‘divorcio’ entre una facción de la Alianza Verde y el Pacto Histórico.

Con la administración Galán, que apenas va a completar ocho meses de mandato, la situación ha sido tanto o más crítica, sobre todo por la intención manifiesta de la Casa de Nariño de tener una injerencia directa en asuntos capitalinos, invadiendo claramente las competencias y facultades distritales e incluso tratando de contrariar el mandato popular en los comicios de octubre de 2023, en donde el candidato avalado por el petrismo y la izquierda en general fueron los grandes derrotados en la ciudad.

La Presidencia no solo ha insistido −fallidamente ante la postura férrea del alcalde− en forzar un cambio de diseño de la primera línea del Metro, sino que también desde el Gobierno nacional central se han tomado decisiones o medidas que impactan asuntos prioritarios de la ciudad y su Plan de Desarrollo, como la activación del hospital San Juan de Dios, los desarrollos viales que tocan zonas de humedales, las licencias ambientales para el Regiotram, el proyecto de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), la financiación para la planta de tratamiento Canoas, la estrategia de seguridad y orden público, la implementación de los programas de combate al hambre e incluso la forma en que el Palacio Liévano ha enfrentado emergencias como las del racionamiento del agua…

Como se dijo, son normales los puntos de contradicción y tensión entre el Gobierno nacional y el Distrital. Sin embargo, ha sido con Petro, tanto cuando ejerció como alcalde y ahora como presidente, que los cortocircuitos institucionales y la ruptura de los marcos de competencias jurisdiccionales han llegado a niveles críticos. En uno y otro caso la nota predominante es una sola: la propensión del dirigente de izquierda al desborde funcional y el desconocimiento de los mandatos constitucionales y legales.