*Tres premisas para su discusión
*Del aquí y ahora, al posconflicto
Tres deben ser las premisas básicas para el debate del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que el Congreso empezará a discutir a partir del 7 de febrero en sesiones extraordinarias. En primer lugar, que los parlamentarios entiendan que se trata de una norma marco que fija las metas y directrices generales de la tarea gubernativa cuatrienal, razón por la cual el análisis debe encuadrarse en ese escenario y no desdibujarse con el tire y afloje para la inclusión de todo tipo de obras y programas menores o puntuales, como suele ocurrir cada año con el proyecto de Presupuesto General de Gastos e Inversión, en el cual cada senador o representante trata de ‘colgar’ algún artículo para favorecer determinadas regiones o sectores. Es claro que por ser este un año electoral, más de un dirigente político verá en el Plan una plataforma para hacer promesas y allanar apoyos en las urnas. El papel de las regiones y la defensa de sus intereses tiene que estar enfocado en lo macro en materia de recursos, metas y programas de amplio calado.
En segundo lugar, debe definirse la óptica desde la cual se abordará la discusión del Plan, que se llamará “Todos por un nuevo país” y estará centrado en los tres pilares bandera del Gobierno: Paz, Equidad y Educación. Para algunos analistas debe primar el enfoque de aquí y el ahora. Esto, que podría parecer obvio y de lógica simple, no lo es tanto si se tiene en cuenta que hay una disparidad de criterios entre los sectores políticos, sociales, institucionales, regionales y gremiales que abogan para que el PND incluya desde ya los marcos de referencia de las metas, obras y programas que se derivan de los preacuerdos ya logrados en la negociación de un proceso de paz que se aspira a concretar antes de un año, y aquellas instancias que advierten que por más avanzadas que estén las tratativas no hay que apresurarse y lo mejor es fijar la hoja de ruta cuatrienal atada a lo que se tiene hoy y a lo que se aspira lograr al 2018, sin que dichos objetivos nacionales estén atados o supeditados necesariamente a lo que puede pactarse con los grupos armados ilegales en materia de énfasis en inversiones, políticas y programas específicos, y el costo-beneficio que ello implique. No se trata de un dilema de fácil resolución, pero dado que la agenda nacional, regional y local ha empezado a centrarse en el llamado “posconflicto”, sin que en muchas ocasiones se tenga claro lo que significa y demanda tal etapa, es seguro que en el Congreso habrá debates al respecto.
Como tercera premisa el análisis del proyecto del PND, como lo ha indicado el Departamento de Planeación Nacional, tiene que enrutarse en la definición y aprobación de metas ambiciosas, eso sí, pero realistas y objetivas. Reducir la pobreza de 5,2 millones de personas, un crecimiento de la economía de 5,3% promedio anual, tasa de inversión del 30,5% del PIB, creación de 2,5 millones de empleos, aumentar la cobertura de estrategias como De Cero a Siempre o Vive Digital II,la revolución educativa y la mega-inversión en infraestructura… Esas y muchas otras metas pueden cumplirse con base en un ejercicio gubernativo ponderado, sin bandazos en sus políticas sectoriales y, sobre todo, con suficiente margen de acción para amortiguar crisis coyunturales o estructurales de impacto en las finanzas, como es el caso de la descolgada en los últimos meses del precio del petróleo. Implementar con éxito las directrices base, relacionadas con el cierre de brechas, estrategias con metas específicas para las seis regiones del país y un plan de inversiones basado en resultados, exige, de entrada, que el Estado piense con vocación de futuro, dejando de lado polarizaciones de menor calibre o posturas basadas en el solo prurito de gobiernismo u oposición. Se requiere el concurso de todos los partidos y todos los sectores nacionales para llevar a la práctica las cinco estrategias transversales del PND, referidas a infraestructura y competitividad estratégica, movilidad social, transformación del campo, seguridad y justicia para la paz, buen gobierno, y crecimiento verde como una estrategia envolvente -esta última sin duda una de las directrices más importantes-. Todo ello con inversiones cercanas a los 800 billones de pesos en el cuatrienio, mezclando recursos de origen público y privado.
La carta de navegación de aquí al 2018 está, pues, bajo la lupa y el Congreso tiene la palabra. Se espera que esté a la altura de la responsabilidad.