* Alud de proposiciones a reforma de Inversión Social
* Urge mantener equilibrio entre recaudo e inversión
Ponderación. Eso es lo que más se necesita en el marco de la
discusión del proyecto de Inversión Social o de reforma tributaria en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes.
Como es apenas natural las distintas bancadas han realizado una gran cantidad de proposiciones con el fin de adicionarlas al articulado que fue radicado por el Ministerio de Hacienda el pasado 20 de julio. Obviamente no hay en ello nada irregular, pues hace parte de la natural función legislativa de los congresistas. Sin embargo, urge aplicar el realismo para no dejar que iniciativa impositiva, cuya meta es recaudar de 15,2 billones de pesos, se salga del cauce.
Más allá de la norma que establece que toda iniciativa parlamentaria en materia de impuestos debe contar con el aval del Gobierno para ser aprobada en las comisiones o las plenarias, no se puede perder de vista que el déficit fiscal que arrastra la nación por cuenta del gasto extraordinario para enfrentar la emergencia sanitaria, social y económica derivada de la pandemia de covid-19, crece día tras día. También es claro que no tiene lógica alguna seguir planteando una mayor carga tributaria para las empresas y los grandes capitales (que ya de por sí soportan buena parte de este ajuste), ya que eso llevaría a afectar la viabilidad productiva y, por ende, la capacidad de las compañías de generar empleo o, al menos, evitar que este siga deteriorándose.
De acuerdo al informe dominical este Diario, ya están sobre la mesa no menos de 150 proposiciones de los parlamentarios. Incluso se creó una subcomisión para su estudio, obviamente en coordinación con el Ministerio de Hacienda.
La mayoría de estas propuestas va en la dirección de aumentar o ser más audaces en cuanto a gasto social y apoyo a los sectores más impactados por la crisis sanitaria. Es loable pero toda modificación tiene un costo en materia presupuestal y es obligatorio equilibrar la expectativa de recaudo y lo que se puede efectivamente financiar con el mismo. No se trata, en modo alguno, de profundizar el gasto deficitario.
En ese orden de ideas lo que el país espera los partidos y sus bancadas es la máxima responsabilidad en la discusión de la iniciativa impositiva. Sería un error convertir este debate, como desafortunadamente se ha intentado por algunos sectores de la oposición, en un escenario de una gaseosa lucha de clases o, peor aún, en un pulso de planteamientos a cual más populistas y demagógicos, con evidente trasfondo electoral.
Por lo mismo, ya hay varias alertas en torno a que el costo de algunas de esas proposiciones sería billonario. Incluso voceros gremiales prenden alarmas frente a las implicaciones de esas propuestas, señalando que aprobarlas significaría enrumbarse a la meta de recaudo de la anterior iniciativa de impuestos, que era de 25 billones de pesos y tuvo que ser retirada en medio de la ola de paros y vandalismo de mayo y junio pasados.
Obviamente el Congreso, tal cual es su facultad señalada por la Constitución y la ley, tiene derecho a reformar el articulado, adicionarlo o recortarlo, previo aval de la cartera de finanzas. Pero esa no es la idea con este proyecto. No se trata de generar un debate en donde haya grandes perdedores y grandes ganadores. La dimensión de la crisis fiscal y social no da margen de acción para una circunstancia este tipo.
En ese orden de ideas, sería interesante que los partidos manera oficial pusieran sobre la mesa lo que apoyan y no del proyecto de Inversión Social, y que sus bancadas se aplicaran a esas directrices.
También resulta imperativo que el Gobierno comunique con más efectividad en todo el país que la búsqueda recursos no se basa única y exclusivamente en aumentar impuestos, sino que también hay un componente importante de recursos que provendrá de un recorte efectivo al gasto público no esencial, la venta de activos estatales y un refuerzo del plan antievasión.
Por ahora habrá que esperar a que el debate tributario avance y que lo haga dentro del cauce de ponderación y responsabilidad, siempre conservando el objetivo prioritario de que la mayoría los recursos va dirigida a seguir asistiendo a los sectores poblacionales más golpeados por la pandemia, proteger el empleo y apoyar la reactivación social y productiva, sin que la situación fiscal siga en números críticos.