* “Superioridad aérea” estratégica, factor disuasivo
* Doce años, cuatro gobiernos y política de Estado
El plan de Seguridad y Defensa Estratégica de todo país es, ante todo, una política de Estado que debe implementar el gobierno de turno, más aún en la medida en que su principal objetivo es la salvaguarda de la soberanía y la adopción de medidas para neutralizar el riesgo de amenazas externas a la integridad territorial, primacía institucional y población.
Aunque cada administración en las últimas décadas ajustó los lineamientos de esa Política de Seguridad y Defensa Estratégica, las bases se han mantenido en general. Una prueba de ello, por ejemplo, es el proceso para la renovación de la flota de aviones de combate de alto espectro, que lleva no menos de doce años de estudio e implementación en sus distintas etapas. Un proceso que partió de la base cierta de que para la segunda década el siglo XXI los aviones Kfir (por más repotenciados que hayan sido) empezarían a agotar su vida útil y, por tanto, el Estado debía precaver su reemplazo con una flota moderna de “superioridad aérea”, eficiente y acorde a las necesidades específicas de Colombia para proteger su soberanía territorial.
Obviamente, no solo por el tipo de aeronave supersónica a adquirir, sino por su costo e impacto dentro de las coyunturas políticas, económicas, fiscales y geopolíticas, la renovación de la flota de aviones es un tema sustancial. Así ocurrió en los mandatos Uribe, Santos y Duque, en donde la discusión giró en torno a temas clave de estrategia militar. De hecho, y acorde con el Sistema Integral de Defensa y Seguridad Nacional (Siden) así como de los Planes de Acción de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) para este año, en mayo reciente se dio otro paso en el proceso de renovación de la flota de combate: en un documento Conpes se aprobó una primera partida de casi 670 millones de dólares con ese objetivo.
Las evidencias son inapelables: de los 25 aviones Kfir adquiridos por Colombia en las últimas décadas (una vez la flota de Mirage empezó a entrar gradualmente en obsolescencia), la mitad ya está fuera de servicio. De igual manera, las funcionalidades bélicas, tecnológicas y de autonomía de estas aeronaves están ahora un paso atrás de las de última generación, en tanto que no solo su funcionamiento y mantenimiento es costoso, sino que hasta la adquisición de pólizas de seguro se encarece año tras año.
A ello debe sumarse que varios de los países latinoamericanos, especialmente Venezuela, han renovado ya sus flotillas de aeronaves de combate estratégico. Esto implica, entonces, que disminuyó preocupantemente el efecto disuasivo que debe tener el armamento y la capacidad de reacción militar de Colombia ante una agresión o amenaza externa.
En ese orden de ideas, el gobierno actual confirmó que seguirá adelante con el proceso de renovación de la flota de aviación estratégica e incluso hay ya aeronaves preseleccionadas, pero aún falta mucho camino para concretar y cerrar la negociación.
Como ocurrió en gobiernos anteriores, se abrió un debate, no tanto sobre la pertinencia de la renovación de la flota, sino en cuanto a la fuente de recursos, ya que se habla de montos que podrían ir de los 15 a los 25 billones de pesos. El Ejecutivo advierte que estos presupuestos no saldrán de la reforma tributaria recién aprobada y tampoco disminuirán rubros de inversión social, aunque es obvio que saldrán del Tesoro nacional. Los estudios de prefactibilidad ya adelantados por el Ministerio de Defensa y la FAC así como el concepto de los expertos coindicen en que este tipo de transacciones se realizan de país a país, tienen plazos de varios años para la entrega de las 16 aeronaves contempladas así como cronogramas de pago a mediano y largo plazos.
Como se ve, el proceso de compra del escuadrón de “superioridad aérea” en Colombia sigue adelante. La necesidad de concretarlo no admite discusión. Como se dijo al comienzo, es un asunto de Seguridad y Defensa Estratégica del Estado.