Pulso por combustibles | El Nuevo Siglo
Martes, 5 de Junio de 2012

*Un debate complejo y con varios flancos

**Fórmula de cálculo y sus implicaciones

 

La controversia en torno del precio de los combustibles en Colombia es de nunca acabar. No hay gobierno en las últimas dos décadas que se haya salvado de esta polémica y el actual no es la excepción. Sin embargo, para abocar esta discusión se requiere, de un lado, objetividad -lo que implica dejar de lado cualquier asomo de populismo económico- y, de otro, entender que se trata de un asunto complejo, que encierra aspectos internos y externos y, como si fuera poco, tres flancos distintos.

Bajo ese marco de análisis, lo primero que debe señalarse es que aunque la fórmula de cálculo de lo que vale un galón de gasolina o de ACPM finalmente se terminó cambiando en octubre del año pasado, lo cierto es que la variable sigue atada indefectiblemente a la cotización internacional del petróleo y, por lo tanto, sujeta a picos altos o bajos derivados de elementos exógenos como crisis geopolíticas, situaciones coyunturales relacionadas con cambios climáticos extremos o decisiones de algunas naciones respecto del nivel de sus reservas estratégicas de crudo, entre otros factores.

Aún así, no se puede desconocer que la nueva fórmula de fijación de precios ha sido positiva en el sentido de que puso un techo y piso máximos de variación, equivalente a un 1,5 por ciento. Hay allí un avance importante frente a lo que venía rigiendo en años anteriores pues anuló el riesgo de fluctuaciones drásticas. De esta forma, el aumento aplicado en los primeros cuatro meses no superó los 400 pesos, en tanto que las reducciones para mayo y junio estuvieron alrededor de los 190 pesos. Para el caso de Bogotá, en enero un galón de gasolina valía 8.712 pesos y a partir de este mes se cobra un máximo de 8.847 pesos.

Es claro, entonces, que para efectos inflacionarios la existencia de esta franja de precios termina siendo pertinente. Incluso en el sector del transporte de pasajeros y de carga, en cuya estructura de costos los combustibles llegan a ocupar hasta el 40 por ciento, resulta más adecuado este modelo que el anterior.

Otro flanco del debate es el relacionado con Colombia como país productor de petróleo. Los críticos sostienen que los precios que se cobran por la gasolina y el ACPM no tienen lógica puesto que se nivelan a los valores de los combustibles importados. De esta forma, alegan, nuestro país tendría hoy por hoy la cuarta gasolina más cara del mundo entre exportadores de crudo. Las autoridades replican que ese plano de análisis no aplica, pues desconoce variables tan importantes como la estructura de precios de producción, transporte y comercialización de combustibles así como el peso de los impuestos y sobretasas que rigen sobre los precios finales al usuario. Incluso se replica que no se puede hacer una tabla rasa entre una potencia petrolera como Venezuela o los países árabes con un país que como Colombia no llega todavía al millón de barriles extraídos al día y tiene unas reservas que no se extienden más allá de una década de autosuficiencia.

El tercer flanco de análisis dentro de esta polémica es más complejo aún. Se refiere a cuán viable es disminuir la carga de impuestos y sobretasas que afectan el precio de la gasolina y el ACPM. Para el caso de la primera se calcula que estos gravámenes constituyen alrededor del 25 por ciento del precio final. Sin embargo, desmontarlos no es nada fácil, pues se trata de dineros que van al fisco nacional pero también a recaudos de gobiernos departamentales y municipales que los utilizan como principal fuente de recursos para arreglar malla vial local, un aspecto clave para la ciudadanía.

Ello explica por qué todavía no está claro en cuánto se abarataría el precio de los combustibles en el proyecto de reforma tributaria que el Gobierno presentará en julio próximo. Los cálculos son tan disímiles que se habla de una disminución de 200 pesos, otros sostienen que sería de 1.000 y hasta se habla de 1.500 pesos… Y como si fuera poco, hay pendiente una demanda particular a los distribuidores y mayoristas por haber, presuntamente, cobrado un sobreprecio al consumidor final por efecto de una variable conocida como “corrección volumétrica por temperatura”.

La polémica sobre el precio de los combustibles es muy compleja y abordarla exige, como se dijo, objetividad, realismo y erradicar cualquier asomo de populismo económico.