EL  fuero militar  se encuentra en casi todos las legislaciones  de  los países civilizados en los cuales se cuenta con ejércitos profesionales. En Colombia su existencia se  reconoce desde los orígenes de la República, para no citar los antecedentes en el sistema militar del Imperio Español. La existencia misma de las Fuerzas Amadas, como garantes y defensoras del orden, exige que los soldados cuyo deber es defender la soberanía y la sociedad, tengan unas garantías mínimas para el positivo ejercicio de su misión, tal como lo consagró en su momento la Carta de 1991. En los países que hicieron parte de la Gran  Colombia, con tradición constitucional similar a la nuestra, como es el caso de Venezuela y Ecuador, el fuero militar ampara a los soldados sin hacer distinción  entre los hechos ocurridos en  tiempos de paz y los de conflicto armado local o con fuerzas foráneas. En Estados Unidos, todos los delitos que cometen los  militares son juzgados por la justicia militar. Para ciertos delitos se contempla la pena de muerte. La severidad y la dureza del castigo determinan que las sentencias de las cortes marciales en ese país se acaten y respeten. Lo mismo pasa en naciones de signo socialista como es el caso de Cuba.  

Siguiendo nuestra tradición jurídica y  el patrón internacional, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en el artículo 221, tras interesantes y esclarecedores debates,  consagró que todos los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en desarrollo de sus funciones, sin excepción, fuesen  juzgados por tribunales castrenses. La actual reforma del Congreso, por presiones de diferentes agrupaciones políticas externas, ha sufrido numerosos cambios y excluye más de una docena de delitos, dejando en situación  precaria al estamento militar que se juega su vida por  la defensa o el restablecimiento del orden.

Es evidente que por la vía legal se pretende inmovilizar a las Fuerzas Armadas de Colombia en su denodada lucha contra la subversión.  Algunos alegan que, como está por terminar el conflicto armado no se requiere de fueros especiales para las tropas colombianas. Ese es un sofisma; el Estado moderno debe proteger a sus soldados, puesto que son garantes de la paz. La principal misión de los ejércitos es la paz. Entre otras cosas, por cuanto los ejércitos profesionales en un mundo donde se busca afanosamente la paz y su defensa, son imprescindibles para evitar sorpresas. Las estadísticas muestran que en los países donde alcanzan una paz negociada, las milicias subversivas al desmovilizarse pasan a formar bandas sedientas de sangre que se convierten en tormento para la población civil y los soldados.

Quizá el mayor error de nuestros legisladores es que presuponen que la paz depende de un acuerdo político entre las partes, cuando  inequívocos indicios y antecedentes muestran que el firmar un acuerdo político es apenas  el comienzo de un tortuoso camino a seguir. Los factores  que determinan la precaria presencia del Estado en el 70 por ciento del país van a seguir por largo tiempo. Sin contar que la paz podría firmarse como están las cosas con las Farc, en tanto siguen actuando otros grupos subversivos que se engrosarían con los disidentes de esa agrupación y otros elementos.

Existen algunos legisladores y gentes del común que de buena fe les tienen cierta animadversión a las tropas regulares por deformación intelectual, puesto que hasta los más radicales izquierdistas saben que sin un Ejército regular el Estado tiende a la disolución. Se trata  de una falacia, la de considerar sin mayor reflexión que la justicia civil es más competente, pronta y  eficaz. Siendo que  las cifras muestran que en la rama judicial  civil se cometen gravísimos errores y se dilata la aplicación de la justicia, lo que determina que  más de 12.000 militares se encuentren en prisión sin que avancen sus juicios. Lo que probaría, exactamente lo contrario de lo que argumentan los partidarios de la abolición del fuero militar y la excelencia de la justicia civil. La clave está en fortalecer ambas justicias, la civil y militar, sin dejar de entender el rol que cumplen.

Pese a que tenemos un sistema presidencial, en donde el gobernante es elegido por millones de votos y otro tanto sucede con los legisladores, siendo que ambos representan al constituyente primario en su conjunto, mas los dilatados y rigurosos procedimientos para la aprobación de las leyes, al final de un proceso tan complejo y dispendioso, las horcas caudinas de la Corte Constitucional como en el desfiladero en donde derrotaron a las legiones romanas, será la que diga la última palabra, que esperamos favorezca a los soldados de Colombia. Si queremos paz, si queremos superar el conflicto armado, como lo anhela el presidente Juan Manuel Santos, debemos pensar en un estamento militar que fuera de su valor, capacidad profesional y espíritu de combate, tenga el mínimo de garantías como las de casi todos los ejércitos del mundo, incluso en los países en donde no existen grupos armados terroristas que desafíen el sistema y la autoridad, a diferencia de nosotros en donde se pretende balcanizar el país.