* Acciones unilaterales de paz entre las partes

* La plataforma del Derecho Internacional Humanitario

Desde que el presidente Juan Manuel Santos reconoció formalmente el conflicto armado interno, hace algo más de un semestre, se han venido desenvolviendo vertiginosamente propuestas de parte del Estado y de las Farc que podrían asimilarse a un diálogo velado. Si bien a ello no se le da ese nombre y progresa en medio de la conflagración en ascenso, la verdad es que la interlocución pública e informal entre las partes, por cualquiera vía que sea, por Twitter, Internet, carta o comunicado, y eventualmente por emisarios, demuestra que al unísono de las balas, de las bajas y de las operaciones, se activan procesos como los del Marco General para la Paz, la restitución y movilización agraria con base en la Ley de Tierras y de Víctimas, el aplazamiento en el Congreso de las discusiones sobre el fuero militar, por el lado del Gobierno, y la propuesta de recuperación de la última agenda negociada, la liberación de los diez últimos suboficiales en su poder y el anuncio de la derogatoria de las retenciones (secuestros extorsivos), del lado de la subversión. Con todo ello parecería, por tanto, darse un escenario de preguntas y respuestas, de solicitudes y réplicas, que no es fácil de dilucidar en medio de los fuegos, pero que avanzan, se conjuntan a cada tanto, y que de alguna manera configuran un teatro completamente diferente al que se venía dando bajo los criterios de la seguridad democrática, cuyo propósito era proscribir cualquier idea o formalismo en torno de que en Colombia pudiera haber conflicto y sus consecuencias. Se está, pues, definitivamente en otro escenario y otra, por igual, es la perspectiva y su desenvolvimiento.

En principio, podría estarse dando algo así como acciones unilaterales dentro de la mira simultánea de buscar una salida, más allá de lo puramente militar y sin suspender, en cuanto al Gobierno, las acciones que corresponden al mantenimiento de la soberanía. En efecto, el presidente Santos, sin recurrir a ninguna negociación, está amojonando al Estado a ese objeto. La Ley de Víctimas y Tierras es un acto meramente institucional en tal sentido y en el que se reconoce, básicamente, el tremendo impacto de la guerra en Colombia, especialmente sobre los más pobres, los desplazados y los que en el campo han sufrido todo tipo de depredaciones, lo cual no debe ser extraño a grupos irregulares que en sus orígenes se identificaron como autodefensas campesinas. Las modificaciones en la titularidad o posesión de la tierra hasta ahora se ponen en marcha y de antemano ya hay voces que proclaman el asunto como una plataforma para enervar la lucha de clases. Al mismo tiempo, Santos no es ajeno al Marco General de la Paz que se tramitará en el Parlamento y por anticipado, con toda la cúpula militar mostrando su acuerdo, ha dado indicaciones claras de que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) es el manual por excelencia de las Fuerzas Armadas.

Frente a lo anterior, las Farc no sólo han anunciado la liberación unilateral de los secuestrados que mantienen en su poder y en particular han dicho que proscribirán el secuestro extorsivo de su accionar, que no lo que denominan “prisioneros de guerra”. Ello, desde luego, es una sorpresa después de pedirlo por décadas por parte de la sociedad. Pero en el comunicado que así lo anuncia hablan, además, de un acuerdo para regularizar la guerra. Esto tiene un significado igual de mayúsculo. La regularización de la guerra supone, de suyo, su prolongación. El antecedente remoto e histórico (tal vez el único) que se tiene de ello fue el primer Convenio firmado entre el Libertador y Pablo Morillo que, a su vez, se anexó a los términos del armisticio o tregua de 1820 y permitió anexar el Derecho de gentes, hoy DIH, a la contienda por la Independencia. De allí nació el reconocimiento de Colombia como República luego de Vargas y Boyacá, y con base en ello se ganó en Carabobo, Pichincha y Ayacucho. Regularizar hoy la guerra, con base en el DIH, tendría efectos a sopesar, en caso de una firma entre las partes. Ahora, si las Farc lo hacen por cuenta propia, ¡bienvenido sea!