* Lento y polémico avance de reformas electorales
* No toca lesiva circunscripción nacional de Senado
Una de las principales promesas de campaña, tanto en la contienda presidencial como en la parlamentaria, fue el compromiso de la mayoría de los candidatos a la Casa de Nariño así como al Senado y la Cámara para impulsar una reforma política y electoral de gran espectro, que atacara no solo los vicios de vieja data en la actividad proselitista sino que llevara a una verdadera depuración de los partidos y del sistema democrático colombiano en general.
Tras inclinarse la balanza en las urnas a favor del primer gobierno de izquierda en nuestro país y conformar este una coalición parlamentaria mayoritaria, se radicaron sendos proyectos para impulsar la mencionada reforma. Se eligió hacerlo por dos vías. De un lado, revivir el ajuste al Código Electoral que el anterior Congreso había aprobado en diciembre de 2020 pero que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en abril pasado por vicios de trámite. Y, de otra parte, un acto legislativo de reforma política que, según se anunció tras su radicación, sería el más ambicioso y profundo de la última década.
En uno y otro caso el Ministerio del Interior y los voceros de las bancadas de la coalición gobiernista se comprometieron a acelerar la discusión de las iniciativas con miras a lograr una rápida aprobación y que las modificaciones pudieran ser aplicadas en los comicios regionales y locales de octubre de 2023.
Sin embargo, al terminar el tramo uno de esta primera legislatura el panorama resulta, por decir lo menos, entre decepcionante y preocupante. De un lado, el ajuste al Código Electoral no arrancó en firme en el Parlamento (incluso se le retiró un mensaje de urgencia) y ya está claro que, dado que se trata de un proyecto de ley estatutaria, por más que se agilice el trámite en el primer semestre del próximo año y pueda ser eventualmente aprobado, debe ir a previa revisión de exequibilidad constitucional. Resultado: no entraría en vigencia antes de los mencionados comicios.
Y en cuanto al proyecto de reforma política, si bien este acto legislativo alcanzó a superar los cuatro debates de la primera vuelta y quedó listo para igual número a partir de marzo venidero, la iniciativa ha estado bajo el ojo del huracán porque no solo para las bancadas de oposición e independientes, sino incluso, para sectores de la coalición gubernamental, incluye temas que van en contravía de las promesas de depuración electoral, transparencia democrática, voto programático, inclusión de minorías y limpieza partidista. Asuntos como una nueva ventana al transfuguismo, que los congresistas puedan ser designados ministros, las listas cerradas obligatorias, la financiación cien por ciento estatal de las campañas y la restricción de la facultad sancionatoria de la Procuraduría, entre otros, han generado amplia polémica y advertencias de un grave retroceso institucional y de estar legislando en causa propia.
Pero lo más grave no solo es lo que contiene esta reforma, sino de lo que adolece. No aborda el que, sin duda alguna, es el asunto que más ha enrarecido, desfigurado y encarecido el ejercicio de la actividad proselitista en Colombia: la circunscripción nacional para elegir a los senadores. Como lo hemos reiterado en estas páginas, el hecho de que los aspirantes a integrar la cámara alta tengan que competir en todo el país en busca de votos aquí y allá ha sido la más regresiva de las modificaciones al sistema político.
Es innegable que esta controvertida figura ha obligado a que no pocas campañas y candidatos deban invertir sumas millonarias -muy por encima de los topes electorales legales- para tener algún chance de conquistar una curul. Esa misma circunstancia ha disparado anomalías como la compraventa de votos, el clientelismo así como la infiltración de redes de corrupción, ‘carteles de contratación’ y ríos de dineros de dudosa procedencia en la puja proselitista. Como si fuera poco, la circunscripción nacional para Senado no solo ha impedido que muchos departamentos tengan representación directa en esa corporación legislativa -lo cual es una falencia grave en una democracia representativa- sino que, además, lleva a que muchos candidatos apenas vayan a las regiones a ‘pescar’ votos pero, una vez elegidos, no se convierten en los voceros de las aspiraciones y preocupaciones de esos nichos poblacionales.
Ya es imposible introducir este tema en la segunda vuelta del proyecto de reforma política y difícilmente cabe en el de ajuste al Código Electoral, que tiene un enfoque más reglamentario y procedimental. Así las cosas, la promesa de una reingeniería de fondo que haga más transparente, ágil, funcional e incluyente el sistema democrático en Colombia está quedando, una vez más, en veremos.