* Persisten dudas sobre funciones y campo de acción
* Urge evitar cortos circuitos institucionales
La sanción ayer de la ley que crea el ministerio de Igualdad y Equidad abre retos importantes en varios flancos. De un lado, la misma norma establece que la estructuración de la nueva entidad se dará en el marco del ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas al presidente de la República para los efectos. Éste será, sin duda, el desafío más importante desde el punto de vista de la caracterización y delimitación institucional.
Lo aprobado por el Congreso en cuanto al objeto, competencia, presupuesto, planta de personal y, sobre todo, el conjunto de entidades que estarán bajo la órbita de la cartera debutante es muy general, razón por la cual falta un gran tramo para aterrizar su estructuración, tanto en aspectos de forma como de fondo.
Si bien es cierto que durante el debate de la iniciativa en el Senado y la Cámara hubo no pocas voces que advirtieron sobre la pertinencia y funcionalidad que debería tener este nuevo ministerio, es innegable que la discusión no se profundizó lo suficiente por cuenta de la urgencia del gobierno y su bancada mayoritaria para acelerar la aprobación de una de sus principales promesas de campaña.
Por lo mismo, la entrada en vigencia de la respectiva ley no borra las reservas en muchos sectores frente al campo de acción del ministerio No.19 que tendrá Colombia. La misma ponencia analizada en el Parlamento dio cuenta de que los temas que tienen que ver con el combate a la desigualdad, pobreza, discriminación, inequidad de género, deficiencia de garantías a minorías étnicas y, en general, acción estatal para la superación de las necesidades básicas insatisfechas de la población más vulnerable del país, están asignadas a múltiples dependencias ministeriales, departamentos administrativos, institutos, agencias y otras instancias de menor jerarquía a nivel nacional, regional y local. Tratar de agrupar todo ese conjunto institucional bajo el mandato de una sola cartera es, en la práctica, un proceso bastante complejo. De hecho, persiste la controversia en torno a si el Departamento Administrativo de Prosperidad Social debió desaparecer para que su estructura fuera la base del ministerio a crear. Como se sabe, el gobierno defendió la tesis de que la cartera se enfocaría en el diseño y planificación de políticas para impulsar la igualdad y equidad socioeconómica y que el mencionado Departamento y las demás entidades que queden bajo su órbita directa, harían la correspondiente implementación de esas directrices, programas y proyectos.
El reto de pasar ese esquema teórico a la funcionalidad administrativa, presupuestal y de acción oficial en el día a día, no se ve nada fácil. De hecho, aunque en muchos países existen ministerios dedicados al tema de la igualdad, suelen estar focalizados en misiones puntuales sobre género, superación de condiciones de pobreza y de conflictividad social muy específicas. La cartera que se está creando en Colombia, por el contrario, tiene un campo de acción tan amplio que muchas de las tareas que se supone quedarán a su cargo, terminan siendo transversales e incluso invasivas de las de otras dependencias del gabinete. Esto, según los expertos, podría desembocar en yerros graves como duplicidad de funciones, choque de facultades, dispersión presupuestal y deficiencias en la focalización de la inversión social y el billonario esquema de subsidios -directos e indirectos- que tiene el presupuesto anual de la nación.
Otra dificultad para el arranque del nuevo ministerio tiene que ver con la concepción de su planta administrativa y presupuestal, ya que funcionarios que hoy trabajan en distintas carteras y dependencias tendrían que ser reasignados o incluso trasladados a la naciente institución. De allí que, en estos momentos, no haya claridad sobre el impacto fiscal que tendrá esta ampliación del gabinete y el alcance de las directrices que impartirá su primera titular, que como todo el país sabe, será la hoy vicepresidenta Francia Márquez. Si bien no es la primera vez que el o la segunda a bordo de la Casa de Nariño ocupa un ministerio, siempre lo han hecho en carteras ya estructuradas, con facultades y competencias delimitadas, lo que no ocurre con esta naciente dependencia, por las razones ya explicadas.
Obviamente toda acción del Estado para perfilar y hacer más eficientes las políticas para la disminución de las condiciones de inequidad y desigualdad en Colombia va en el camino correcto. Como lo hemos reiterado en estas páginas, nuestro país tiene un conjunto institucional que en las últimas dos décadas ha evolucionado en ese sentido, pero dadas las estadísticas nacionales e internacionales sobre la persistencia de las deficiencias en materia socioeconómica, se requiere una acción más decidida y eficaz para lograr estas metas. En teoría, el nuevo ministerio de Igualdad y Equidad profundiza esta función prioritaria, pero qué tan posible es aterrizarla, en el día a día y la práctica gubernamental, es el gran reto.