Contrario   a quienes piensan que la única forma en que el sistema de aseguramiento en salud y de atención médica a los colombianos es que la Corte Constitucional avale la ley estatutaria que tiene bajo la lupa o que el Congreso apruebe el proyecto de reforma que está trabado en la Cámara de Representantes, lo cierto es que el Gobierno ha venido avanzando poco a poco en soluciones que, si bien parciales, no se pueden considerar de bajo impacto. Todo lo contrario, lo que se está demostrando es que vía reglamentaria se pueden ir superando varias de las falencias diagnosticadas.

Un ejemplo claro de ello es la política de control de precios de los medicamentos, sobre todo de aquellos que presentaban costos exagerados. Con la decisión de esta semana, que sometió a control directo un nuevo listado de 285 drogas, ya es la tercera vez que el Ministerio de Salud y Protección Social aplica la llamada metodología de referenciación internacional de precios de medicamentos y pone en cintura los costos de tales medicinas.

Los resultados son tangibles, no sólo para el sistema de aseguramiento, es decir EPS e IPS, sino para todos los colombianos que deben solventar de su propio bolsillo medicamentos cuyo valor es muy alto en el mercado farmacéutico. Según el Ministerio, la reducción promedio en los precios del último grupo de medicamentos es del 48 por ciento. Se calcula, entonces, que los ahorros para el sistema por cuenta de  los medicamentos No POS regulados en esta ocasión es de $ 54 mil millones. Es más, si se suman las tres tandas de regulación, el beneficio es superior a los $ 600 mil millones.

A lo anterior debe adicionarse que las sanciones millonarias que ha venido imponiendo la Superintendencia de Industria y Comercio a varios laboratorios farmacéuticos están evidenciando que la política de control de precios de medicamentos en Colombia sí tiene “dientes” y va generando una serie de antecedentes ejemplarizantes que poco a poco ha ido aterrizando los costos de las medicinas a  su valor normal. No hay que olvidar que se han detectado casos en los últimos años de drogas, sobre todo para enfermedades de alta complejidad, cuyo precio en nuestro país estaba por encima 100, 200, 300 o más por ciento del que se cobraba a escala internacional.

Lo importante aquí es no aflojar un milímetro en la política. Hay que tener el ojo avizor sobre la forma en que el control de precios a las ventas de los mayoristas se traslada y refleja en el que se cobra en los comercios minoristas, es decir, en las droguerías y farmacias, que si bien es cierto debe ser algo más alto, por el natural margen de rentabilidad de la cadena de comercialización, no puede ser sustancialmente superior. Si se detectan anomalías, la intervención de los entes de control, sobre todo en nivel de superintendencias, deber ser inmediata, drástica y ejemplarizante.

Igual debe ponerse atención a lo advertido por el Ministerio en torno de que se ha “posicionado” en los países de referencia una diferenciación de precios según la tecnología de producción de algunos medicamentos para patologías como la hemofilia. El Gobierno debe trabajar, como lo prometió, en explorar medidas internas que busquen reducir estas brechas.

Ahora, si bien se dijo al comienzo que estas medidas de tipo reglamentario y gubernamental, así como la labor que vienen cumpliendo las superintendencias son clave para ir superando las falencias del sistema de atención en salud, también es obvio que se requiere que la Corte acelere el trámite de la revisión de exequibilidad de la reforma ya aprobada, y que el Congreso haga lo propio con el proyecto de ley que tiene en trámite. Superar la crisis es un esfuerzo conjunto y nadie se puede quedar atrás.