El paro de los transportadores de carga que se extendió a más de veintidós departamentos la semana pasada dejó varias lecciones aprendidas más allá del pulso por el aumento del valor del diésel, la pertinencia del subsidio estatal a dicho combustible, el impacto del alza en la estructura de costos del sector camionero y el coletazo, alto o bajo, en la curva inflacionaria.

Por ejemplo, queda claro que el sector educativo, tras el valor agregado que dejó la crisis pandémica en cuanto a infraestructura tecnológica, capacitación del recurso docente y activación de las clases virtuales, ha avanzado de manera sustancial en la apropiación y naturalización de la enseñanza a través de plataformas digitales. Hoy ya los pensum en escuelas, colegios y educación superior e incluso en los programas de especialización y mayores, ya combinan sin mayor problema las clases presenciales y a distancia de forma muy proactiva.

De esta forma, los bloqueos que impidieron a los estudiantes poder llegar a sus instituciones pudieron ser solventados por esa infraestructura digital. Sin embargo, esta herramienta todavía tiene una cobertura limitada, razón por la cual la opción de las clases virtuales todavía no está lo suficientemente extendida en zonas rurales y en no pocos municipios en donde no solo hay falencias en conectividad a internet, sino en la dotación de plataformas para que los profesores puedan dictar sus materias a distancias, con un alto nivel de interacción en línea con sus alumnos.

No ocurre, por el contrario, lo mismo en el campo laboral. De hecho, en no pocos de los testimonios que se escucharon la semana pasada, en medio de los bloqueos, quedó claro que muchos empleados y empresarios se quejaban de que el país aún está a medio camino en cuanto a la implementación del teletrabajo.

Y esto no ocurre por falta de normatividad, ya que hay una ley, decretos y reglamentaciones al respecto. En realidad, lo que hace falta es una mayor compenetración de determinados oficios, roles y actividades profesionales con herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo remoto, sin que ello implique afectar los procesos productivos o disminuir sus estándares de calidad y exigibilidad. Aquí el Estado, en todos sus niveles, tiene mucho que aportar para que el teletrabajo pueda extenderse.

Obviamente, hay modalidades de trabajo que deben realizarse in situ por su propia naturaleza. Allí no hay mayor margen de acción, salvo en la capacidad de las empresas y los empleados para desarrollar planes de contingencia e incluso de movilidad para el tránsito de las sedes laborales a las viviendas y viceversa.