*Estrechez fiscal llevaría a recortar entidades
*El doloroso ejemplo de Brasil
FALTANDO cuatro meses para que termine el 2015, la posibilidad de que los precios del petróleo reaccionen al alza, recuperando al menos una parte de lo perdido desde mediados del año anterior, cuando estaba por encima de los US$100 el barril, ya parece muy remota al decir de los analistas de los mercados internacionales. Incluso la semana pasada el crudo tocó piso al oscilar entre los US$37 y US$40 el barril, y si bien repuntó entre jueves y viernes, los pronósticos son pesimistas y señalan que el crudo tardará un largo tiempo en siquiera alcanzar los US$60. Si a ello se le suma el impacto que está teniendo en las finanzas públicas colombianas la revaluación del dólar, que sólo en servicio de deuda para 2016 implicará gastos adicionales por $3 billones, se puede entender claramente la necesidad de profundizar el apretón fiscal a corto y mediano plazos.
Desde ese punto de vista, tal y como lo anunciara días atrás en este diario el Ministro de Hacienda, es necesario seguir ajustando los gastos de funcionamiento e inversión del Estado, en especial los presupuestos de 150 entidades públicas. Si bien por el momento en las cuentas del Gobierno las palabras liquidación o supresión de instituciones no han asomado, varios analistas y centros de estudios económicos locales le advierten que será necesario que el Estado comience a analizar qué entidades tendrían que desaparecer o su función ser asumida por otras, con el fin de hacer rendir más los recursos del erario, que se verán afectados en mayor dimensión por una economía que ya da claras señales de enfriamiento y que, en el mejor de los casos, crecería alrededor del 3 por ciento a diciembre próximo. Hasta el momento el recaudo tributario no se ha impactado sustancialmente por la menor dinámica productiva, sin embargo para varios observadores esto se debe principalmente al efecto de los impuestos que, como el CREE, entraron a regir este año tras la reforma tributaria aprobada a finales del anterior.
La necesidad de disminuir el tamaño del Estado es ya casi que una premisa obligatoria en medio de una economía global que presenta síntomas muy preocupantes, por cuenta de la caída del crecimiento chino, y los altibajos en los procesos de recuperación de Estados Unidos y la Unión Europea, principalmente. En la región, por ejemplo Brasil, que el viernes pasado entró en recesión técnica al sumar dos trimestres consecutivos en negativo, anunció con antelación que va a suprimir diez ministerios.
¿Será hora de que en Colombia se comience a pensar en lo propio? Por lo pronto, como se dijo, el Gobierno apuesta a seguir apretando los presupuestos de gastos de funcionamiento e inversión. Meses atrás, cuando empezó el ajuste por cuenta de la descolgada petrolera se había pedido a las distintas carteras que informaran cuáles entidades a su cargo podrían ser objeto de recorte, lo cual se llevó a cabo pero ante el panorama negro que sigue teniendo el mercado petrolero, aunado con la difícil coyuntura cambiaria y el menor dinamismo productivo, todo da a entender que el tijeretazo burocrático a mayor escala es prácticamente inevitable. No es un secreto que esta clase de decisiones terminan siendo impopulares y acarrean un costo político que hay que asumir, más aún en un país cuyas finanzas públicas, afortunadamente, están atadas a un mecanismo inviolable como el de la Regla Fiscal.
Es hora, pues, de abrir el debate de manera precautelativa y de que los análisis puntuales sobre funcionalidad institucional empiecen a hacerse con ese objetivo.
Es evidente que todavía el Gobierno tiene un margen en materia de endeudamiento y movilidad presupuestal, pero éste es cada día más estrecho, por lo que se hace necesario ir pensando en medidas de mayor fondo y efecto de eficiencia presupuestal. Siempre es mejor, a criterio de los hacendistas y analistas económicos, recortar a tiempo en materia de burocracia y tamaño del Estado antes que pasar a restringir, en mayor forma, los rubros de inversión social y en áreas estratégicas, como es el caso de la infraestructura para Colombia. El elemento sustancial para abocar este proceso es, sin duda, el del realismo y la objetividad económica, áreas en las que el Ministerio de Hacienda ha dado sobradas muestras de madurez y eficiencia.