* Estrategia integral del Estado
* Recuperación del monopolio de las armas
Es posible que la propuesta del grupo que se hace llamar Colombianos y Colombianas por la Paz de hacer una tregua general por parte del Estado, las Farc y el Eln, se quede sin contestación. Lo que interesa, particularmente, es que los términos se asuman en su debida significación. Una tregua en términos latos quiere decir un armisticio, o sea un acuerdo concertado entre partes en un conflicto armado que, sin poner fin al estado de guerra, lleve consigo un efecto suspensivo, temporal o definitivo de las acciones militares.
Es sabido que el presidente Juan Manuel Santos reconoció legalmente el conflicto armado interno, a cambio de la agresión terrorista contra la sociedad inerme que era base doctrinaria de la seguridad democrática. Si bien el reconocimiento del conflicto no otorga modificaciones al estatus de los presuntos beligerantes, sí permite una equiparación al determinar diversos bandos de la contienda. Aun así hoy es claro, luego de la aplicación del Plan Colombia por más de una década, el cambio en las condiciones militares del conflicto y la paulatina preponderancia del Estado. Ya no existe, en absoluto, la eventual percepción de empate entre las partes de hace algún tiempo. El hecho hoy es que se trabaja sobre el monopolio de las armas por parte del Estado y las acciones subversivas son elementos periféricos que no tienen la pretensión territorial y de dominio que tuvieron en otras épocas.
Las Fuerzas Armadas y de Policía colombianas han demostrado, a través de estos años, que su capacidad de mantener y luchar por el orden es superior a lo que muchos pensaban. El problema, está demostrado, fue de dotación, profesionalismo y mejora de la infraestructura, por cuanto de alguna manera habían sido abandonadas a preservar el orden dentro de los criterios y elementos arcaicos de cuando se participó en la guerra de Corea con el Batallón Colombia y se redujo el norte estratégico a las consignas de la seguridad nacional.
Las cifras ahora demuestran que el narcotráfico, combustible de las fuerzas ilegítimas para desestabilizar el Estado, se ha reducido a más de la mitad en exportación de toneladas de cocaína (de 600 a 270), lo mismo que los cultivos ilícitos (de 163.300 a 57.000 hectáreas de hoja de coca), de suerte que la oxigenación subversiva y sediciosa de extremistas de izquierda y derecha, ha perdido financiación. Desde luego, hay fenómenos que luchan por preponderar, como los neo-paramilitares o bacrimes, de los que unos se entregan y otros pretenden copar los remanentes del negocio. A su vez, las sanciones permanentes de la Corte y la Fiscalía a la parapolítica demuestran que esas instituciones no están dispuestas a tolerar de nuevo esos escenarios de coyunda entre lo legal y lo ilegal y, pese a que las cosas ciertamente no son de la tranquilidad que se busca, el Estado, en sus diversos componentes, obviamente incluido el coercitivo y militar, va en la dirección correcta.
Por eso pedir un armisticio al Estado en momentos en que, por el contrario, necesita afianzar su estrategia, no resulta favorable en ninguno de sus frentes, ni el jurídico, ni el militar, ni el internacional. Dice el Comandante General de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, que las Farc aún perviven en un 50 por ciento, es decir, unos 8.500 hombres/arma. Eso indica, en todo caso, que las Farc de hoy no son las mismas de 1996-1998, cuando quisieron desdoblarse de la guerra de guerrillas a la de movimientos y territorial, y lo que hay que interrogarse es si son las Farc de 1991, cuando las conversaciones de Gaviria, o las de 1984, en los diálogos de Betancur, o aun las de tiempos anteriores.
Hoy, cuando siguen su período de decrecimiento, un armisticio parecería totalmente antiestratégico para el Estado. Lo que se espera es un cese unilateral de hostilidades por parte de las Farc y el Eln, incluida la entrega de todos los secuestrados civiles y militares, que es el único hecho fehaciente que entendería el país como paso al cese del conflicto, tal cual lo proclamó ETA en España.