* En juego el Estado Social de Derecho
* Los campanazos de la rama Judicial
En principio, y casi desde su posesión, el gobierno del presidente Gustavo Petro intentó liberar, a como diera lugar, a los denominados miembros de la “Primera Línea”, capturados y judicializados por las autoridades a raíz de las jornadas de vandalismo y barbarie que sacudieron al país entre abril y mayo del año pasado.
De hecho, los colombianos no tenían idea alguna, hasta entonces, de que era eso de la “Primera Línea”, cuando en medio de la conflagración y a causa de su lesiva y ostentosa conducta por fuera de la ley se supo que se trataba de grupúsculos dedicados al sabotaje y el vandalismo, de suyo, replicando el modelo chileno que había puesto contra las cuerdas al presidente de ese país, Sebastián Piñera, bajo la consigna del “estallido social”.
En efecto, como abrebocas de la campaña parlamentaria y presidencial que ya comenzaba a adelantarse en Colombia, los grupúsculos se habían organizado previamente para camuflarse dentro del paro sindical, cuyo objeto, como se recuerda, era protestar contra la reforma tributaria que se había presentado al Congreso. Sin embargo, retirada ésta y renunciado el ministro de Hacienda, las acciones vandálicas, los bloqueos y lo desmanes continuaron. Cali fue prácticamente sitiada por largo tiempo, con barricadas en diferentes sectores de la ciudad, y a hoy la ciudadanía del Portal de las Américas, en Bogotá, todavía padece la amenaza y la extorsión instauradas sin remedio desde la época, entre otras y según las autoridades, en beneficio del microtráfico, mientras algunos no dejan de señalar que detrás podría estar el tenebroso “Tren de Aragua”.
Ahora, luego del rechazo por parte de la Fiscalía, la Procuraduría y las más altas autoridades de la rama Judicial a que el Ejecutivo fracture las competencias constitucionales en que se divide el poder público, ayer el Presidente delegó el asunto, mediante decreto, a fin de que una Comisión Intersectorial de tres ministros y el secretario general de la Casa de Nariño (o sus delegados) establezca cuáles de las 230 personas procesadas pueden ser motivo de excarcelación y señaladas como voceros de paz por parte del primer mandatario. En el decreto no están fijados los criterios al respecto, puesto que hasta ahora la Comisión deberá entrar a escalafonar los delitos. Y que para no pocos expertos más bien debería ser motivo de una ley, so pena, como se dijo, de quebrantar el Estado Social de Derecho, puesto que el Gobierno estaría abrogándose facultades de las otras ramas del poder público.
Como se sabe, los integrantes de la llamada “primera línea” están sindicados o sentenciados por delitos que van desde vandalismo contra bienes oficiales o privados, ataques a redes de transporte, perturbación del orden público e incendio, hasta conductas de más alto impacto como homicidio, concierto para delinquir, secuestro, tortura, así como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
El decreto en mención es, entonces, una norma muy genérica en la que no está precisado a qué tipo de organizaciones sociales y humanitarias se refiere, si dentro de las mismas clasifica lo que se ha dado en llamar “primera línea” (que hasta el momento no tiene ese carácter legal ni estructurado), tampoco los criterios de selección que se aplicarán para decidir a quién se le suspende la medida de privación de libertad ni mucho menos se aclara en qué procesos de paz o de conflictividad social participarán en desarrollo de los conceptos gubernamentales.
Si bien en las explicaciones ministeriales se insistió ayer en que los procesos penales no se suspenderán y que no habrá interferencia ni debilitamiento de la autonomía de la Fiscalía, los jueces y magistrados en torno a la instrucción y juzgamiento de los procesos contra quienes cometieron delitos en los paros, esa circunstancia continúa sin estar clara.
Por último, pero no menos importante, están las voces de las víctimas directas e indirectas de los desmanes del segundo trimestre del año pasado, que exigen la aplicación expedita de la justicia y no dar paso a la impunidad. Todas ellas advierten que los homicidios, vandalismo, ataques a la Fuerza Pública, tortura, saqueos y bloqueos no tienen nada que ver con el derecho amparado constitucionalmente a la protesta social, sino que fueron producto de un típico y deliberado actuar delincuencial.
Por ahora, pues, hay más dudas que certezas sobre esta figura, reflejo del promeserismo de la campaña presidencial pero no del marco en el que se desenvuelven las instituciones colombianas.