Cada vez se enreda más la situación de los jóvenes  venezolanos que se encontraban en Colombia y que fueron entregados por las autoridades de nuestro país a sus similares de la vecina nación. De la discusión inicial en torno a si jurídica y políticamente la Cancillería y las instancias migratorias debieron entregar a los jóvenes a Venezuela, poco a poco se pasó a otro tipo de debate tras conocerse fotografías en donde uno de ellos portaba un arma de largo alcance y ayer un video en donde los dos jóvenes hablan con un tercero de organizar protestas, “calentar” la frontera y el estado Táchira e incluso se menciona la consecución de fusiles, entrenamientos en Bogotá y hasta de atentados terroristas contra licorerías en Venezuela.

Ya les corresponderá a las autoridades de ambos países ahondar las respectivas investigaciones para establecer qué clase de actividades estaban desplegando esos presuntos estudiantes en Colombia y si estaban metidos realmente en acciones ilegales concretas o sus afirmaciones responden a una mera beligerancia verbal propia de un país que, como Venezuela, se encuentra polarizado entre las huestes gobiernistas y de oposición, en donde los universitarios han tomado un papel protagónico.

Más allá de los resultados de esas pesquisas judiciales, sobre todo del lado colombiano, cuyo aparato judicial no genera las dudas que sí el venezolano, es evidente que estamos una vez más ante uno de esos debates políticos en nuestro país que arrancan dando por sentado circunstancias que poco a poco van variando al tenor de las revelaciones sobre el actuar de los protagonistas de la polémica. Lo único cierto es que los agresivos señalamientos iniciales a la Casa de Nariño por parte de sectores políticos de oposición, alegando presuntos atropellos por parte de la Cancillería y las autoridades migratorias a las reglas de asilo y refugio señaladas por los tratados internacionales, quedaron sin piso.