* Proliferan casos de ‘justicia por mano propia’
* Los límites del derecho a la legítima defensa
La desesperación de la ciudadanía ante el pico de criminalidad que se registra en muchas ciudades y municipios está llevando a un preocupante aumento de los mal llamados casos de ‘justicia por mano propia’. Es decir, en donde las víctimas de un delito o la comunidad que lo presencia reaccionan contra los criminales, no solo para inmovilizarlos y entregarlos a las autoridades, sino para agredirlos, lincharlos o hasta causarles la muerte.
Incluso ya hay modalidades en este fenómeno, como la llamada “paloterapia”, que se utiliza para describir cuando los presuntos delincuentes son sometidos a múltiples puños, patadas y ataques con objetos contundentes o punzantes. También está el “candeleo”, referido al incendio de las motocicletas y otros vehículos utilizados por los criminales. Otro término popularizado es el “boleteo”, que se produce cuando las caras e imágenes de los asaltantes reducidos o heridos son difundidas por redes sociales como una forma de escarmiento o para exponerlos ante sus familias, conocidos y la sociedad en general…
La semana pasada en la capital del país hubo una serie de casos controvertidos con mucho eco en la opinión pública. Por un lado, el conductor de un vehículo al que motorizados le arrebataron su teléfono celular, decidió emprender su persecución, atropellándolos y causándole la muerte a uno de los señalados delincuentes. También se hizo viral el vídeo de un ciclista que transita por una ciclovía y es interceptado por criminales, que terminan huyendo despavoridos luego de que la víctima los amenazara con un arma de fuego, que a hoy no se sabe si tenía salvoconducto. Igual está el caso de una motociclista que tras ser víctima de robo, persigue al victimario, logra hacerlo caer y facilita su captura… Lamentablemente, el agresor, que tenía antecedentes penales y medida de detención domiciliaria, no fue encarcelado y ahora la víctima advierte estar en riesgo… Unos días antes, en el sector de San Andresito un caso de tentativa de sicariato terminó con uno de los delincuentes muerto y su acompañante a punto de ser linchada por una turba…
Lo primero que hay que advertir es que se trata de asuntos bastante complejos, con graves implicaciones penales, sociales e incluso institucionales. Hay situaciones de legítima defensa y otras de reacción desmedida e ilegal contra el delincuente. Corresponde a la Fiscalía y a los jueces definir. Muchas personas no lo entienden así y, por el contrario, se dejan llevar por lo que ven en las redes sociales en donde esta clase de vídeos se viralizan en cuestión de horas, muchas veces con interpretaciones, titulares o contextos que no corresponden a la realidad de los hechos.
Es más, los expertos penalistas sostienen que cada caso es muy particular y es imposible generalizar. Además, hay circunstancias de atenuación y agravación que deben ser tenidas en cuenta en la valoración y calificación que hacen los operadores judiciales.
Así como en algunas circunstancias de modo, tiempo y lugar lo que se evidencia son situaciones de legítima defensa de una persona o una comunidad ante una agresión delincuencial, ante lo cual es procedente aplicar los eximentes de responsabilidad penal, en otros lo que se observa es un acto de venganza violenta contra los criminales, incluso cuando estos ya han sido neutralizados o se encuentran en proceso de captura por parte de efectivos policiales. Por ejemplo, un intento de linchamiento de un presunto delincuente no se considera un acto de legítima defensa y sí un caso de ‘justicia por mano propia’, que es un delito, con sus características de típico, antijurídico y culpable, por lo que sus responsables deben ser procesados penalmente.
Para establecer ante qué clase de escenario se encuentran, fiscales y jueces evalúan determinantes objetivos referidos a la necesidad de defensa, si esta se ejerció en cuanto a la violación de derechos propios o de terceros, el nivel de la agresión injusta -concreta o inminente-, así como la proporcionalidad de la acción defensiva.
Pero más allá de todo lo anterior, lo preocupante es que el desespero de la ciudadanía ante la ola criminal es la que está llevando a estos casos de ‘justicia por mano propia’. Mientras las autoridades no sean más eficaces en contrarrestar estos delitos de alto impacto, la propensión de las personas a reaccionar violentamente contra los agresores seguirá aumentando. Negarlo sería ingenuo.
En síntesis, no se puede permitir que el principio de autoridad legítima y de la aplicación institucional de la justicia sigan siendo desplazados o superados por circunstancias anómalas en donde la ciudadanía se abroga una facultad de aplicar castigos y sanciones que no le corresponden, más aún cuando dicha reacción es desproporcionadamente violenta, vengativa y constituye claramente un delito. El Estado Social de Derecho no puede seguir perdiendo terreno ante los hechos de facto, sin importar de dónde vengan.