Las Áreas de Reserva de Recursos Naturales Temporales, figura de protección ambiental que es motivo -en parte- del paro minero y campesino que hoy se adelanta en ocho departamentos del país, entraron en vigor, por primera vez, durante el mandato del presidente Juan Manuel Santos en 2013.
Esto con el propósito de que estas zonas, por sus condiciones excepcionales de biodiversidad y cruciales en el combate al cambio climático, gozaran de especial salvaguarda ambiental, excluyéndolas de los títulos mineros a otorgar en las rondas abiertas para los interesados, nacionales y del exterior, en las actividades de extracción y comercialización de minerales. Y por igual evitar, de este modo, el trámite de contratos de concesión en aquellos lugares de alta sensibilidad hídrica y ecológica, con base en el principio de precaución.
Así fueron delimitados los territorios, integrando cerca de cinco millones de hectáreas de protección, a partir de este instrumento jurídico de las Reservas Temporales. Además, mecanismo por entonces de uso inédito, fundamentado en el Código de Recursos Naturales de 1974, elaborado por el gobierno de Misael Pastrana Borrero y decretado en los inicios de Alfonso López Michelsen. Por lo demás, muy poco utilizado en muchas disposiciones, pese a ser una de las insignias ambientales del país, como es reconocido a nivel universal por ser el primero del mundo en esta órbita.
Y, a su turno, Reservas Temporales establecidas con el fin, de una parte, de que se pudieran concluir los estudios científicos que entonces se llevaban a cabo en la Academia de Ciencias con miras a declararlas −acorde con los resultados− como áreas protegidas permanentes (es decir, entre otras, exentas de minería y agricultura) y, de otra parte, permitir, al mismo tiempo, que la autoridad minera hiciera las ofertas de titulación en los polígonos no excluidos donde pudieran adelantarse las operaciones respectivas. Pero en todo caso títulos sometidos, luego de la adjudicación por el Ministerio de Minas y del largo proceso de exploración, al correspondiente licenciamiento ambiental para autorizar o no el trayecto a la explotación.
De esta manera, se quiso poner orden a lo que en su momento y años antes algunos catalogaron de “piñata” de los títulos mineros. Así se logró evitar los cortos circuitos permanentes entre el mandamiento constitucional de amparo a los recursos naturales y el desarrollo de la vocación minera, poniendo los límites que se establecieron en consonancia con el desempeño transversal de la misión ambiental en las diferentes actividades del país.
En esa vía, no solo se obtuvo que, en ese año de duración de las Reservas Temporales, prorrogable por otro adicional, y cumplidas las rondas mineras, se pudieran crear o ampliar áreas protegidas permanentes de alcance fundamental, como el Parque del Chiribiquete, y posteriormente elevar a ese rango territorios clave que hoy hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. De hecho, también se incorporaron, en otras zonas reservadas, los dictámenes de la Corte Constitucional y de altos tribunales que, por años, no se habían aterrizado en el territorio. Así como cláusulas legales que en la misma medida estaban huérfanas de aplicación sobre ciertos sectores de las cuencas hidrográficas y otros lugares de especial cuidado. Lo que, a su vez, también sirvió de base para legislaciones posteriores.
Ahora el gobierno actual, con fundamento en lo anteriormente dicho, además de otras consideraciones de su cosecha, ha decidido utilizar el mecanismo de las Reservas Temporales para excluir otras áreas de minería, por un tiempo bastante más extenso y que podría señalar una temporalidad extrema si se trata de un periodo fijo a objeto de adelantar los estudios del caso, para decisiones ulteriores. Podrá discutirse el tema, pero desde luego lo que no está sobre el tapete es que sea con base en un paro generalizado que pueda alcanzarse algún tipo de socialización y consenso. Menos bajo la muy grave afectación de los derechos ciudadanos. Y todavía peor si llega a constatarse que en el trasfondo asoman las orejas de la minería criminal, cuyos detentadores parecerían irritados por los eventuales bombardeos de la Fuerza Pública sobre sus maquinarias ilícitas.
Por supuesto, este gobierno surgió de la denominada protesta social y aún hoy promueve constantemente el llamado a las calles, por lo cual no es de sorprender una reacción de este estilo. No ha sido fácil para el país, como en ninguna otra parte del mundo, conciliar las tensiones entre la protección del medio ambiente y el desarrollo de actividades tradicionales, de suyo, muy arraigadas en el pueblo colombiano, como la minería o la agricultura en los páramos. En ese caso, el buen camino es la concertación, hasta donde sea posible, pero jamás por las vías de hecho.