El Ejecutivo prácticamente ha cobrado como suya la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Miguel Polo Rosero, en reemplazo del saliente Antonio José Lizarazo, quien cumplió su período en la corporación.

Gran expectativa había adquirido la decisión sobre su reemplazo en el recinto parlamentario, pues se había ventilado a los cuatro vientos que una elección de Polo, frente a los otros ternados por parte del Consejo de Estado, era un paso decisivo en pro de las iniciativas gubernamentales.

En ese sentido, el trino presidencial celebrando la victoria del abogado Polo como un “gran triunfo” parecería confirmar el aserto. De hecho, para los más enterados de los intríngulis parlamentarios no es sorpresa que así se indicara desde la Casa de Nariño. En efecto, parecería que el Gobierno puso todo de su parte para que el nuevo magistrado en propiedad, a decir verdad, viejo conocido de la Corte Constitucional en otros altos cargos dentro de la misma entidad, saliera avante en sus pretensiones de ocupar una de las nueve sillas del máximo organismo constitucional.

Por su parte, muy curioso, ciertamente, que mientras el lunes se presentó en la primera votación un empate 50-50 entre Polo y la jurista Claudia Dangond, al día siguiente el resultado fue de 57 votos para el primero y 47 para la segunda. Es decir que, en cosa de horas, hubo un viraje total y un deslizamiento producto no se sabe de qué.

El punto, en todo caso, es que con la votación lograda varias de las bancadas del centro a la derecha se fracturaron internamente en favor del nuevo magistrado, salvo por la izquierda que votó en bloque y sin esguinces por él desde el principio. Y a ese bloque compacto de 39 senadores se unieron retazos de las demás bancadas que, en esa medida, se sumaron al querer gubernamental. De modo que, en muchos aspectos, pese a la aparente oposición, a la hora de la verdad hacen parte del oficialismo. Que es lo que viene ocurriendo de hace tiempo.

No hay que creer, pues, en cantos de sirena. Fue esta, ciertamente, una victoria gubernamental. Y aunque el magistrado adujo con sindéresis la obvia neutralidad institucional y el riguroso apego de su cargo a la Constitución, lo cierto es que buena parte del respaldo político que logró, crucial en este tipo de cargos elegidos por el Congreso, se debió a esa renovada fuerza parlamentaria del oficialismo. No reconocerlo sería tratar de tapar el sol con las manos.