Graves, pero no sorprendentes las conclusiones del nuevo “Informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas”, que acaban de emitir la Contraloría y Procuraduría generales, así como la Defensoría del Pueblo y los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas. En el reporte se advierte que el modelo de reparación colectiva sigue presentando serios rezagos.

Según el reporte, los recursos destinados a la Política Pública de Víctimas continúan siendo insuficientes para la asistencia, atención y reparación integral de los 9,7 millones de víctimas registradas, en especial en la generación de ingresos, acceso a tierras, vivienda, salud y educación. Solo se ha indemnizado a 1,3 millones de afectados por el conflicto armado y faltan 303 billones de pesos para cumplir lo prometido, que tardaría más de década y media.

Si algo ha quedado en evidencia con el pasar de los años es que la premisa, tantas veces repetida, en torno a que las víctimas eran el eje y prioridad del proceso de paz entre el gobierno Santos y las Farc, firmado en 2016, no terminó siendo tal. Por el contrario, son los victimarios los que más han recibido beneficios políticos, jurídicos económicos e institucionales.

De hecho, ya a los diez congresistas del Partido Comunes (derivado de la fracción de la guerrilla que sí se desmovilizó) les quedan apenas dos de los ochos años de curules automáticas que se les aprobaron en los acuerdos. Paradójicamente, los 16 escaños en la Cámara para los representantes de las víctimas apenas si se eligieron por primera vez en 2022.

Por otra parte, ocho años después de haberse firmado el acuerdo de paz todavía la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) no ha emitido la primera condena contra la cúpula de las Farc. Si bien tiene abiertos varios macrocasos por distintos delitos perpetrados por esa guerrilla en varias décadas de criminalidad, no existe el primer fallo condenatorio que, además, tampoco implicará que cumplan un solo día de cárcel, sino que se les impondrá “sanciones propias” consistentes en acciones simbólicas de restauración y petición de perdón, nada más.

Tampoco se ha cumplido lo relativo al aporte de verdad, justicia, reparación y garantía de no reparación a las víctimas, ya que han sido abiertamente insuficientes las confesiones de los desmovilizados sobre asesinatos, masacres, desplazamientos y desapariciones forzadas, secuestros, agresiones sexuales, atentados terroristas y otra multiplicidad de delitos.

En cuanto a los millonarios bienes que, según se decía en 2016, las Farc debían entregar para reparar a las víctimas del conflicto, ocho años después ya está claro que lo poco que entregaron no fue de mayor cuantía y con múltiples dudas y vacíos a bordo.