Pasa el tiempo y no hay noticias de que, a raíz de la declaratoria de conmoción interior por parte del gobierno Petro, se haya mejorado la situación en la extensa región del Catatumbo, que conforma el 40% del territorio de Norte de Santander en los límites con Venezuela. Once días desde entonces y no hay ningún informe −al menos parcial−, conocido por la opinión pública, de los avances de las Fuerzas Militares; de las zonas liberadas de la presencia guerrillera; de las capturas de los subversivos y su entrega a las autoridades judiciales; de la desmovilización forzosa por la presión de las tropas legítimas o de la neutralización de los cabecillas directos, tanto del Eln como de las Farc, causantes de las matanzas y el desplazamiento de la población civil aterrorizada.

En efecto, se supone que hay un teatro extraordinario de operaciones militares, para sufragar el vacío de las instituciones y retomar la soberanía plena por parte del Estado, pero transcurrido más del 30% del término del primer mes para recuperar la región no hay ningún parte oficial en esta materia, ni se conoce, aunque sea de manera general, la estrategia respectiva ni el cronograma y el plan operacional con sus objetivos paulatinos. Que, por supuesto, es la esencia de la declaratoria de la conmoción interior.

Mucho cuento: visitas presidenciales, saltuarios consejos de seguridad aquí y descontado, trinos del primer mandatario con imágenes señalando donde supuestamente está algún campamento de los múltiples del Eln en la zona... No obstante, lo que es una información certera y específica sobre el avance y las acciones militares en procura del restablecimiento definitivo del orden público: nada.

A todas estas, ayer se confirmó lo que ya era requetesabido. El alto comisionado para la paz, Otty Patiño, admitió ante la Corte Constitucional que el gobierno no analizó de fondo −y en su debida oportunidad− las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y que de antemano avisaban lo que posteriormente ocurrió en medio de las tropelías por el dominio de la zona entre el Eln y las Farc, ante los ojos estatales impotentes: barbarie.

Por otra parte, el país tenía la esperanza de que, de la reunión de la comisión accidental del Senado, que se sesionó ayer en Cúcuta, saliera alguna luz para darle mayor velocidad a las soluciones de orden público, como también de atención humanitaria, pero nada surgió en concreto.

Al mismo tiempo, hoy los integrantes de la Comisión de Paz del Congreso tienen previsto desplazarse al municipio de El Tarra para verificar de primera mano los acontecimientos en una audiencia pública. No va y sea, sin embargo, que de esa cita vayan a salir voces, al estilo de las que aún surgen saltuariamente por ahí, hablando de que ahora sí llegó la hora de reiniciar conversaciones con el Eln, incluso, llegan a decir con frescura, a la sombra del tiránico régimen madurista en la misma Caracas y, claro está, encima de los cadáveres del Catatumbo, de los 50.000 desplazados sin retorno inmediato a la vista y de la quiebra generalizada de campesinos con sus parcelas abandonadas por el terror.

En tanto, las subcomisiones que se conformaron en el Senado y en la Cámara de Representantes para la revisión de los decretos de conmoción interior están en suspenso, porque los parlamentarios seleccionados dijeron que se necesitaban por lo menos de 15 días para su estudio, cuando ya no quedarán, sino dos meses de facultades marciales.

Por igual, se supo del llamado desesperado de la Asociación de Personeros del Catatumbo, que expresaron su descontento por la no inclusión de sus funcionarios en los consejos de seguridad ni en el consejo de ministros que realizó el presidente Petro en la región. “Los personeros en los territorios tenemos la información real, certera por parte de los presidentes de Juntas de Acción Comunal, de líderes sociales de lo que pasa en las zonas. Los personeros en el Catatumbo son el procurador, el defensor del Pueblo, actúan como todas esas entidades y es triste que cuando el Gobierno nacional viene ni siquiera les abran un espacio”, dijo Jorge Bohórquez, personero del municipio de Ocaña.

A todo lo anterior, se une −como si fuera poco− la voz del ministro de Hacienda, Diego Guevara, dando como un hecho que la conmoción interior no durará los 90 días contemplados en la Constitución, sino que de una vez anticipa que el gobierno hará uso de dos las prórrogas hasta los 270 días. Y hace cuentas alegres de cuantos tributos recaudará en el lapso por esa vía. No obstante, a diferencia de la primera declaratoria, las siguientes requieren autorización del Congreso. Y mientras no haya acciones militares demostradas y efectivas, en vez de la retórica y la confusión estatal reinante, eso está por verse. En efecto, la situación del Catatumbo, aquí y ahora, exige mucho más.