Como parte del compromiso del Gobierno nacional con la comunidad de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ministerio del Deporte participó este fin de semana en la mesa citada por la cartera del Interior para la construcción del Estatuto Raizal.

Este documento técnico busca garantizar los derechos del pueblo nativo del archipiélago. Para la construcción de los 17 capítulos, que conforman el Estatuto, se contó con la participación de diferentes carteras del orden nacional como Educación, Vivienda, Hacienda y Salud, entre otros, con el propósito de consolidar una propuesta que fortalezca la cosmovisión y prácticas ancestrales de los habitantes de las islas.

Durante la jornada, el equipo de Mindeporte fue exaltado por las autoridades locales por su avance y gestión en la construcción del artículo XV, el cual tiene como objetivo garantizar el derecho del pueblo raizal a conservar, desarrollar, controlar, proteger y practicar deportes y juegos tradicionales, con el fin de promover el bienestar, la calidad de vida y contribuir a la salud pública a través del deporte, la recreación, la actividad física, la educación física y el aprovechamiento del tiempo libre. 

"El Ministerio del Deporte ha estado comprometido desde el primer día con el pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hemos participado en diferentes espacios desde abril para la construcción colectiva de este documento. Esto nos ha permitido fortalecer la confianza entre el pueblo y el Gobierno", afirmó Viviana Moreno, delegada del despacho del Viceministerio. 

Las mesas se realizarán hasta el próximo miércoles y contarán con la participación, además de Mindeporte, de la Agencia Nacional de Tierras, Mincultura, Minambiente, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Mintrabajo, Función Pública, Registraduría General de la Nación, así como de la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, entre otras.

La formulación del Estatuto Raizal es una de las necesidades más imperiosas de los habitantes del archipiélago, y ha tenido pronunciamientos en ese sentido de las altas cortes y distintos ministerios que deben construir, en conjunto con esta franja poblacional, la normatividad. 

El Gobierno se comprometió a que la norma debe estar terminada lo más pronto posible y de allí todo el proceso ya descrito.