La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en su ejercicio de planeación y apuesta por el cambio climático, ha decidido implementar acciones de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero en sus actividades misionales y administrativas, a través de la iniciativa “ANLA baja en carbono”. Esta, surge del reconocimiento por parte de las empresas, de que el cambio climático es un tema central para sus modelos de desempeño, para lo cual identificaron la necesidad para reducir los posibles costos, así como para el aprovechamiento de oportunidades.
En esa línea, la ANLA ha planteado la fijación de un precio interno del carbono, trazado voluntariamente, con el fin de internalizar el costo económico de sus emisiones de gases de efecto invernadero e integrarlo como parte de su planeación estratégica de corto, mediano y largo plazo.
Desde esta perspectiva, se desarrolla este programa orientado a reducir las emisiones de la ANLA. A la fecha, se han desarrollado, en el marco de la pandemia, algunas estrategias de reducción de emisiones como: uso de medios tecnológicos como drones, imágenes satelitales, entre otros para las visitas de campo, Optimización de trayectos aéreos y terrestres de los colaboradores al igual que uso de equipos en sus instalaciones; Reducción de la necesidad de uso de instalaciones físicas, Renovación de flota vehicular de la entidad - orientada al fomento de vehículos eléctricos, Uso de rutas compartidas para los colaboradores, Capacitación en conducción eficiente y Potencialización de la estrategia territorial.
Esta iniciativa le permitirá a la entidad a ayudar a mitigar los riesgos económicos, sociales y ambientales de cambio climático, así como marcar la diferencia con proyectos de reducción de las emisiones desde un enfoque personal y con ello impulsar estrategias innovadoras en el sector público.
De acuerdo con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, “esta es una excelente iniciativa y ejemplo de la ANLA para ser carbono neutral. Esto significa quitarles presiones a los ecosistemas, al medio ambiente y requiere de acciones rápidas, de innovación, tecnología y compromiso, que no es solo responsabilidad del estado, sino una construcción colectiva para alcanzar esta meta desde nuestro propio actuar, no solo como funcionarios sino como ciudadanos”, manifestó.
Por último, se pretende incidir en la formulación de una nueva Política Ambiental dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, que pueda ser medida en el índice de Desempeño Institucional. De igual forma, se dispone a lograr una implementación masiva a la luz del recién radicado proyecto de ley de Acción Climática, que hará posible establecer un mercado de carbono entre entidades del estado.