El proyecto de falsos testigos que pretende ponerle freno a esta práctica, está en vilo en la Comisión Primera del Senado. Así lo evidenció el senador del Centro Democrático Jaime Amín.
El congresista manifestó que el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, está en deuda con el país por un proyecto de ley que se comprometió a presentar desde el pasado 20 de julio, el cual iba a tener como objetivo principal combatir el preocupante fenómeno de los falsos testigos dentro de la justicia colombiana.
"En junio del presente año, el señor Ministro de Justicia se comprometió públicamente a que presentaría el mismísimo 20 de julio, día de inicio de la presente legislatura, un proyecto de ley mediante el cual se buscara acabar con el gravísimo problema de los falsos testigos dentro de nuestro sistema de justicia. Para nadie es un secreto que cada día que pasa una persona en la cárcel a causa de testimonios amañados a cambio de prebendas y beneficios judiciales, es un día que esa persona jamás podrá recuperar alejado de su familia, la sociedad y sus actividades profesionales", indicó Amín.
"Yo creo que muchas personas todavía no son conscientes del daño que pueden llegar a generar estos delincuentes que se encuentran incrustados dentro del sistema judicial de nuestro país y de los cuales cualquier ciudadano podría ser su próxima víctima. Recuerdo que en varias intervenciones ampliamente difundidas, el ministro Londoño afirmó que estaba preparando esta iniciativa con un grupo de juristas y que la presentaría el primer día de esta legislatura. Ya han pasado más de dos meses desde esa fecha y seguimos sin conocer dicho proyecto al que el Ministro se comprometió", señaló.
Para el congresista costeño, es de la mayor importancia que el Gobierno nacional cumpla con sus compromisos, especialmente con este que tiene una relevancia particular para la justicia. "Este es sin duda un tema de primer orden para la justicia y para todos los colombianos, especialmente para aquellos que son o han sido infamemente víctimas de este fenómeno. Es imperiosa la necesidad de acabar con este asunto mediante la implementación de ajustes de todo tipo; administrativos, normativos y operativos para que ningún colombiano más sea condenado con base a testimonios prefabricados, algunos de los cuales son utilizados muchas veces por organizaciones criminales para manipular la justicia a su antojo", dijo.
"La complejidad de este tema aumenta de manera exponencial cuando las cifras dejan de manifiesto que ese cartel de falsos testigos ha generado una cantidad enorme de privaciones injustas de la libertad, lo cual posteriormente se traducen en demandas millonarias contra el Estado. Hoy esos pleitos se estiman en más de 20 billones de pesos", concluyó Amín.
Frente a este tema el senador Carlos Fernando Motoa, presidente de la Comisión Primera de Senado, aseguró que “la Comisión se ha venido reuniendo de manera periódica, la última reunión fue hace algunas semanas con el Ministro de Justicia que está ayudando a coordinar esa iniciativa con la comisión de senadores que fue elegida en ese momento por el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, y estamos a la espera de ultimar detalles para radicar esa iniciativa en el Congreso de la República”.
Agregó el congresista que “son varios aspectos, pero el principal, el más importante es establecer, no mediante el sistema de tarifa legal, pero sí algunos requisitos que puedan tener los operadores judiciales cuando vayan a dictar una medida de aseguramiento con base en un testimonio de algún desmovilizado, ese es el objeto del proyecto y esperemos a que se tenga todo el articulado de manera ya consensuada para no vulnerar información de lo que se ha debatido a más tardar terminando el mes de septiembre”.