LA PROCURADURÍA General de la Nación formuló pliego de cargos contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por su responsabilidad en el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos en Colombia durante 2023. Según anuncia el ente, el funcionario habría optado por omitir una toma de decisión inmediata ante este problema, luego de su llegada a la cartera en marzo del mismo año.
Jaramillo, de acuerdo a lo expresado por la Procuraduría, priorizó otros casos en lugar de buscar una solución inmediata –para ese momento− con miras a resolver la crisis, advertida desde 2022, por diferentes asociaciones médicas, sobre el riesgo de desabastecimiento en que se encontraban al menos 2.351 medicamentos e insumos médicos, varios de ellos de primera necesidad.
La Sala Disciplinaria de Instrucción acreditó que el ministro Jaramillo Martínez, solo hasta el mes de noviembre de 2023, habría expedido la Resolución 1896, elaborado un plan de trabajo y formulado un plan de acción que contenían las estrategias y actividades concretas para prevenir y superar el desabastecimiento de medicamentos en Colombia, esto para cumplir con la orden que le impartió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 30 de octubre de 2023 como respuesta a una acción popular interpuesta por la Procuraduría y varias agremiaciones médicas.
“El doctor Jaramillo Martínez solo planeó y ejecutó acciones concretas orientadas a prevenir y superar el desabastecimiento de medicamentos, mediando una orden de un tercero, cuando debió hacerlo por el simple cumplimiento diligente y eficiente de sus funciones”, se señala en el auto de la entidad, que ha hecho seguimiento estricto a la gestión del ente a lo largo del último año ante la crisis de salud que atraviesa el país.
Y es que esta es una más de las investigaciones abiertas por la Procuraduría en referencia a la escasez de medicamentos, tanto al ministerio como al Invima, ente que además tiene a su director, Francisco Rossi, en el ojo público tras declarar en octubre de 2024 que numerosos medicamentos destinados a pacientes de enfermedades huérfanas y raras no estaban siendo adquiridos por el país debido a los costes que estos representan para el país. Asimismo, agregó sobre la inversión en materia de innovación para los medicamentos e insumos médicos.
En referencia a la crisis de 2023, propiamente en abril de ese año la Procuraduría advirtió que “decretó la práctica de pruebas que permita avanzar en la indagación previa que adelanta para determinar los funcionarios del Invima, y el Ministerio de Salud, por el presunto desabastecimiento de medicamentos en el territorio nacional”.
En aquel momento la solicitud se elevó para que el ministerio e Invima entregaran el número de solicitudes de registro para producción, comercialización e importación de medicamentos, las fechas en las que fueron hechas, los datos de las personas encargadas de esos trámites, y los planes y estrategias para superar el atraso en la expedición de los registros sanitarios pendientes.
Asimismo, para 2024 el Tribunal de Cundinamarca profirió el fallo en favor de la Procuraduría que declaró la vulneración y amenaza de los derechos e intereses colectivos a la seguridad y salubridad públicas; al patrimonio público; al acceso al servicio de salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna y a los derechos de usuarios y consumidores del servicio de salud, por parte del Ministerio de Salud, de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, de la Superintendencia de Industria y Comercio, de la Superintendencia de Salud y de la Adres.
Desde entonces, la fricción entre la entidad dirigida por Margarita Cabello Blanco, procuradora saliente; y el ministerio, además de otros funcionarios y ramas del Gobierno, no ha cesado, al punto de señalamientos personales desde la presidencia para con Cabello.
Finalmente, previo a esta última notificación, justamente la procuradora recalcó en la crisis del sistema de salud y señaló que “la situación que enfrentan los pacientes del sistema de salud es crítica. Estamos ante una crisis marcada por una insuficiencia financiera y operativa que afecta directamente el acceso y la calidad de los servicios de salud. Es aterradora la forma como el Gobierno nacional está enfrentando esta situación”.