Con 12 votos a favor fue aprobado por la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, en primer debate, el informe de ponencia del Proyecto de Ley 221 de 2021 Cámara, por medio de la cual se ajusta la Ley 769 de 2002, tendiente a garantizar el buen funcionamiento de los Centros de Enseñanza Automovilística.

El ponente fue el representante del Centro Democrático, Milton Angulo. “Este proyecto es muy importante porque tiene que ver con generarle una modernización a los Centros de Enseñanza Automovilística y generarle un componente académico fundamental a las personas que realicen los cursos de conducción, para que salgan más responsables”, indicó.

Enfatizó que no solamente los empresarios del sector solicitan este proyecto para poder ejecutar una mejor labor, sino que también los usuarios lo demandan. “Esta iniciativa se trabajó con el Gobierno nacional, Ministerio del Transporte y la Superintendencia de Transporte. Se hicieron unos cambios estructurales y dentro de la exposición de motivos se destaca que las asociaciones del sector acompañan este proyecto”, agregó.

Angulo sostuvo que la mayoría de las asociaciones y agremiaciones está respaldando el proyecto. “Teniendo en cuenta que hay 850 escuelas, seguramente habrá un número que quiere que incluyamos otros temas. Buscamos generar una participación directa para mejorar la relación entre estudiantes y escuela”, dijo el representante.

Reconoció finalmente que uno de los inconvenientes que tiene este proyecto es el proceso de transición de persona natural a jurídica de estos centros, debido a que se pueden demorar 90 días en ese trámite y en ese lapso las escuelas tendrían que cerrar.

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En la otra orilla se ubicó el parlamentario Wilmer Leal, de la Alianza Verde, quien presentó las cartas que mostraban la inviabilidad de este proyecto enviadas por el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y Fenalco.

“Me preocupan las obligaciones iniciales que se les atribuyen a los centros de enseñanza. Este proyecto merece una discusión mucho más profunda. Una concertación más grande con todas las asociaciones y los gremios de enseñanza en el país”, dijo.

“Esta iniciativa genera una preocupación grande porque se quiere involucrar la virtualidad en temas tan importantes como este de la enseñanza”, afirmó Leal.

Sostuvo que “el concepto negativo del Ministerio de Hacienda se da porque no existe de ninguna manera la creación del registro de esta iniciativa que implicaría alrededor de 14 mil millones de pesos anuales. Pero, peor, no se tienen las erogaciones necesarias para el mantenimiento de las facultades que se crean. Yo les pregunto ¿Ustedes aquí nos han negado insistentemente proyectos de ley de educación por conceptos como este? Entonces para unos proyectos sí es importante el Ministerio de Hacienda y para otros no”.

Por último, advirtió que el informe de ponencia no refleja lo que ha dicho el Ministerio y mucho menos organizaciones como Fenalco o las asociaciones de escuelas de enseñanza.