Luego de que la alcaldesa Claudia López cuestionara a los juristas por dejar en libertad a los criminales que delinquen en Bogotá, los jueces y fiscales le contestaron a través de un vehemente comunicado.

López afirmó que el 80% de los delincuentes han sido dejados en libertad, lo que para ella se constituye como impunidad. “A ocho de cada 10 personas que roban en Transmilenio, que acosan a mujeres, que les quitan el celular, que les quitan su bolso, la mal llamada justicia los deja libres”, remarcó.

“Bogotá y Colombia no van a tener seguridad mientras ustedes sigan creyendo que robar es un deporte y no un delito que no merece cárcel y no merece sanción”, indicó la mandataria.

“Mientras el sistema judicial en Colombia crea que robar es un deporte y no un delito, vamos a seguir teniendo dificultades; por mucho esfuerzo que los ciudadanos, los frentes de seguridad, las cámaras y nuestra Policía Metropolitana hagan”, reafirmó López.

También insinuó que no es cierto que las leyes penales les impidan a los jueces enviar a los detenidos a las cárceles, sino que se constituye como una excusa para no imponer la sanción.

Por su parte, ayer se conoció la respuesta que le envió la Federación Nacional de Jueces y Fiscales a la mandataria, que en un principio calificó sus declaraciones como una “ligereza”.

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“Las posiciones argumentativas de la burgomaestre de la capital de la República, sin duda, constituyen una inaceptable e irrespetuosa injerencia en la función judicial, cuando el marco del proceso penal brinda a sus actores las herramientas adecuadas para la controversia y el disenso”, señaló el comunicado firmado por su presidente, Rafael Antonio Matos. 

También le recordaron a la alcaldesa que ellos “no determinan las causales de libertad provisional y mucho menos establecemos los topes mínimos y máximos de pena”.

Del mismo modo, exhortaron a “no imponer opiniones distantes del interior de cada trámite judicial, como en los tiempos de autocracia, y se invita a acudir al conocimiento legal y a la discusión en los escenarios propicios para afrontar las debilidades de la justicia, cuyas falencias distan de la rectitud de quienes administramos justicia en nombre de la República”.

Igualmente, le mencionaron a la burgomaestre que Bogotá y todos los alcaldes del país se suscribieron a la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, donde se instruyen las intromisiones en las que no deberían caer los servidores públicos, en este caso la gobernante de la capital colombiana.

Por último, la Federación expuso que: “Los jueces de garantías y demás funcionarios de la especialidad penal, solo estamos sometidos al imperio de la Ley, en el alcance y sentido lato que le ha dado la Corte Constitucional al canon 230 superior”.