En la Comisión Séptima de la Cámara estuvo en discusión el proyecto que busca la derogación del Decreto 1174 de 2020 que reglamenta el llamado “Piso de Protección Social” para personas que devengan menos de un salario mínimo legal mensual vigente.

El representante antioqueño Jorge Alberto Gómez (Dignidad) aseguró que lo que se quiere es “la reglamentación de la negación de un derecho, porque aquí lo que se abre es la puerta para contratar por debajo del salario mínimo. Es la eliminación del salario mínimo en Colombia, porque se permitirá contratar con una contraprestación de un aporte ficticio a la seguridad social, porque los BEPS no son un derecho de seguridad social, son una posibilidad de tener un auxilio, una limosna al final de la vida. Los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) son sinónimo de limosna al final de la vida, no son garantía de una pensión digna. Esta es una agresión, un desafío a las centrales obreras y a los trabajadores sindicalizados de Colombia”.

“Esto es abrir la puerta para la contratación con menos del salario mínimo: ahora el cuento es que esto es para favorecer a los pobres. Aquí el problema que tenemos es que el espacio fiscal que le abrimos al capital financiero, a los usureros del mundo, es el que no permite que haya recursos para aumentar la asistencia social del Estado, y la inundación de mercancías extranjeras no permite que haya empleo. Entonces deberíamos empezar por ahí. Pero tenemos unos gobernantes que son mandaderos del capital financiero internacional”, finalizó Gómez.

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En la otra orilla, Carlos Eduardo Acosta, del Partido Colombia Justa Libres, le contestó: “No sé de dónde salen todos estos discursos, parece que estuvieran viviendo una realidad diferente a la que vive el país. Por Dios, aquí hay gente que trabaja dos o tres días a la semana con jornal, recibiendo su salario mínimo diario, pero eso mensualmente es menor del salario mínimo legal vigente para el mes ¿En qué realidad viven? Miren la realidad de la mayoría de los colombianos, hay gente que trabaja por días, hay gente que trabaja medio tiempo, no todos los colombianos hacemos parte de sindicatos o de organizaciones obreras”.

“Aquí hay gente que trabaja en la formalidad, pero con menos tiempo, están con unas condiciones que no les permiten cotizar para tener una seguridad social, que no les permite tener una pensión o ni siquiera un ingreso hacia el futuro. Por eso el Gobierno nacional incluyó en el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo la posibilidad de tener un piso mínimo de protección social”, agregó.

“Aquí no se está creando una nueva forma de contratación laboral, ni tampoco se le desmejoran las condiciones a los trabajadores sindicalizados”, concluyó.