El Gobierno anunció que en las sesiones extras de febrero próximo presentará la reforma a la salud, que ha generado polémica en algunos sectores, especialmente porque se anticipa que desaparecerán las EPS, en la función que cumplen de aseguramiento. 

Ayer el director del Movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez, dijo que presentará una denuncia penal contra la ministra Carolina Corcho por la reforma a la salud, por prevaricato y porque a su juicio ha generado pánico económico por esta iniciativa. 

“El prevaricato por omisión de la denunciada ha generado perjuicios financieros a los beneficiarios de los pagos y correlativo detrimento patrimonial tasado en los intereses moratorios”, dijo Gómez. 

En cuanto al pánico económico el directivo partidista consideró que las declaraciones de la ministra Corcho han afectado la imagen de las EPS, “con lo cual sus usuarios, los inversionistas y accionistas y quienes le prestan servicio y dinero a estas entidades están en pánico buscando cómo abandonar el apoyo de estas entidades de nuestro sistema de salud”. 

Consideró el dirigente conservador que “el propósito es deteriorar intencionalmente los estados financieros de las EPS, ponerlas en condiciones de que no pasen las evaluaciones financieras que va a adelantar el superintendente el próximo mes de julio en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control”. 

Mientras tanto, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Gabriel Becerra, dijo a EL NUEVO SIGLO que “a nadie lo pueden denunciar por cumplir el programa de gobierno que en elecciones la ciudadanía respaldó. El Gobierno y la ministra, que es la encargada, con base en ese programa va a plantear una reforma, que fue lo que se le prometió al electorado”. 

El congresista dijo que alrededor de esta reforma es “legítimo que el doctor Gómez y otros sectores tengan desacuerdos porque, lógicamente, se van a tocar intereses de carácter económico, se van a tocar intereses de carácter político, que reaccionan frente a las posibilidades, por ejemplo, de que se acabe la intermediación de las EPS. Ahí hay intereses creados y creo que ellos están en su derecho de manifestar sus dificultades”. 

Pero remarcó Becerra que “en una democracia a ti no te pueden procesar penalmente por defender el programa que le ofreciste a los electores. Ahora, quien define eso en últimas va a ser el Congreso de la República, en el marco del ordenamiento constitucional y legal que tenemos. Entonces lo que sugiero a los opositores de la reforma es que lleven sus observaciones al Congreso de la República”.