EL NUEVO SIGLO: ¿Tener más de 850.000 cédulas que no se han reclamado, no resulta un riesgo muy alto para la entidad y una tentación para las mafias de delitos electorales?

HERNÁN PENAGOS: Lo mejor es que todos los ciudadanos reclamen su documento. Hay un protocolo de custodia, pero en todo caso siempre hay riesgo. De acuerdo con lo establecido en la Circular Única de Registro Civil e Identificación, los ciudadanos que tramiten su cédula de ciudadanía tienen un plazo máximo de un año, contado desde la fecha de su producción, para reclamarla.

Mientras que las tarjetas de identidad podrán ser reclamadas hasta su fecha de vencimiento. De no ser así, estas serán devueltas a las oficinas centrales de la Registraduría Nacional para su destrucción.

ENS: ¿Cómo entender que a estas alturas del siglo XXI todavía haya más de un millón de colombianos que no cuentan con registro civil, tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía?

HP: El subregistro en Colombia es de más de un millón de ciudadanos y eso nos preocupa mucho. Vamos a llevar a cabo jornadas masivas para identificar a gran parte de ellos. Estoy de acuerdo, en un estado de derecho no puede haber nacionales sin su identificación, entre otras razones porque la identificación es la puerta de entrada a los demás derechos fundamentales como salud y educación.

Identificación

ENS: ¿Ya empezó el proceso de identificación?

HP: Tomamos la decisión de hacer la primera jornada en la Sierra Nevada de Santa Marta porque sabemos del subregistro de identificación tan alto que hay de la población Kogui. Se calcula que cerca del 80% de esta comunidad no está registrada.

La Registraduría Nacional va a utilizar toda su capacidad para lograr identificar al mayor número de personas posibles. Durante los próximos cuatro años, la entidad llevará a cabo estas jornadas masivas de identificación en todo el país para poder entregarle a ese millón de colombianos su registro civil y su documento de identidad.

ENS: Muchas críticas en el Congreso respecto a la ampliación de nómina y poder discrecional del registrador para nombrar delegados en todo el país. ¿Cómo está hoy la Registraduría en este aspecto?, ¿cuáles son las prioridades y cómo evitar que se asome un riesgo de politiquería en materia burocrática?

HP: Todo lo contrario, la pasada semana salieron cerca de 7.000 supernumerarios de la entidad y no tenemos recursos para reintegrarlos. Pasamos de 11.000 a 4.000 funcionarios. Eso nos tiene en dificultades para prestar nuestros servicios misionales.

Cédula digital

ENS: ¿Cómo va el proceso de cédula digital en Colombia?

HP: La cédula digital viene avanzando, pero aún es un derecho discrecional de cada ciudadano.

ENS: ¿No cree que el auge de los ciberdelitos e incluso el de robo de celulares termina previniendo a muchas personas de no dar el paso para obtener su cédula digital?

HP: Puede ser, en ciertas ocasiones los ciudadanos no se animan a tener sus datos en el celular. Pero, en todo caso, es una alternativa.

Reforma

ENS: ¿En un año que no es electoral, como tampoco lo será 2025, no debería estarse tramitando en el Congreso una reforma política y electoral de fondo?

HP: La decisión de una reforma política o electoral es un cuestionamiento que debe hacerse el legislativo, inclusive el Gobierno. Nuestra tarea es organizar el proceso electoral con las herramientas jurídicas vigentes.

ENS: Como expresidente del CNE y ahora titular de la Registraduría, ¿cuáles considera que deben ser los temas claves que debería tener un proyecto de reforma política y electoral para hacer frente a los vicios y fallas evidenciados en los comicios de 2022 y 2023?

HP: Sin duda una reforma debe tocar temas como la financiación estatal, las coaliciones, el voto preferente, las circunscripciones electorales, el umbral etcétera.

ENS: Un informe del CNE advierte un aumento exponencial de los delitos electorales desde 2019 hasta hoy, sobre todo en financiación y topes, ¿cómo atacar esta problemática que pone en riesgo la transparencia democrática?

HP: La superación de topes, la financiación prohibida y la corrupción al sufragante ya son delitos consagrados en el código penal. Por tanto, hay que tener más estructura en los organismos de control como la Fiscalía para perseguir esas conductas criminales.