EN MEDIO del fracaso de los inhibidores de señal dentro de las cárceles, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) prepara un nuevo plan para evitar las llamadas extorsivas.

Así lo dio a conocer a EL NUEVO SIGLO el director de la entidad, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, quien dijo que en lo corrido del año se han registrado más de 300 amenazas contra funcionarios de la entidad.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo avanza el trabajo para bloquear las llamadas telefónicas de las personas privadas de la libertad con las que amenazan y extorsionan a los ciudadanos?

DANIEL FERNANDO GUTIÉRREZ ROJAS: No solamente es en la Cárcel Nacional La Modelo, sino en todo el país. Tenemos problemas de inhibición, problemas de extorsión, pero para enfrentar este flagelo se viene trabajando con los ministerios de Justicia, de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia y con los operadores de telefonía celular en un esquema de control.

Es decir, a través de las denuncias que puedan generarse después de las llamadas extorsivas a los ciudadanos y que se hagan efectivas las ante el Gaula y a la Fiscalía, y revelar el número telefónico desde el cual fueron víctimas de la acción criminal, para que los operadores los ubiquen y los bloqueen. Es decir, el proceso de geolocalización, bloquear e inutilizar esos aparatos.

ENS: ¿Es efectiva esta iniciativa?

DFGR: Por supuesto. Es un esquema propositivo y a cero costo. No habría que comprar nuevos equipos, pues los actuales están obsoletos por el tiempo y además las antenas eran destruidas por personas ajenas a la cárcel y por los mismos reclusos al interior de los patios.

Creemos que este nuevo trabajo de bloqueo de los teléfonos celulares en las cárceles del país será muy funcional para evitar que se produzcan más extorsiones desde el interior de las prisiones.

ENS: ¿Es en todas las cárceles del país?

DFGR: La idea es hacerlo en todo el país con la intervención de los ministerios en mención y con los operadores que finalmente tienen el control de todas las comunicaciones de los celulares en Colombia.

ENS: ¿Es cierto que hay redes especializadas dedicadas a demandar al Inpec cuando operan los inhibidores de señal celular en las cárceles?

DFGR: Sí, se dan algunas prácticas criminales donde algunos delincuentes se ubican cerca de las cárceles donde están los inhibidores de señal y generan demandas contra el Instituto.

Precisamente, por estas denuncias se registra un detrimento patrimonial, porque el Inpec afronta muchas sanciones, como en los casos de Cómbita por más de mil millones de pesos por la inhibición de la señal de teléfonos celulares al exterior de las prisiones. Es decir, el Inpec ha pagado más de mil millones de pesos.

La Operación Dominó

ENS: ¿Cómo avanza la Operación Dominó, precisamente para enfrentar la extorsión?

DFGR: Hemos hecho unas medidas físicas más allá de las operaciones, sumadas a las requisas sorpresa y al control penitenciario. A través de la Operación Dominó hicimos un modelo de trabajo articulado con la Policía, con la Fiscalía, con el Gaula, con el Inpec, Grupos Especiales y con la Policía Judicial para, por medio de estas intervenciones, estar permanentemente incautando teléfonos que ingresan clandestinamente.

ENS: ¿Qué resultados arroja esa operación? 

DFGR: A nivel nacional se han ejecutado, en el curso del presente año, 15.440 operativos de registro y control, se han decomisado 19.661 celulares, 16.662 armas blancas, 29.184 litros de licor y se han incautado 636.695 gramos de estupefacientes.

ENS: ¿Continúan los traslados de los privados de la libertad inmersos en extorsiones?

DFGR: La rotación se lleva a cabo en períodos de dos a tres meses, de acuerdo con el perfil del sindicado. Estas medidas van contra personas que lideran estructuras criminales y evitan que tengan comunicación directa e indirecta con el exterior. El balance es positivo.

ENS: ¿Cuántos teléfonos fueron decomisados en el 2023?

DFGR: Durante todas las medidas de control logramos decomisar un promedio de 35 mil celulares. Así podemos luchar contra la extorsión de una manera más operativa.

ENS: ¿Cómo se explica que ingresen tantos teléfonos a las cárceles con todas las medidas de seguridad?

DFGR: Estamos trabajando todos los días en esos controles y con la Operación Dominó no solo se llevan a cabo los decomisos, sino que automáticamente se inician las correspondientes investigaciones en contra de los funcionarios que atentan contra la transparencia y que han participado en hecho de corrupción como el ingreso de los celulares.

¿Avanzan las investigaciones?

ENS: ¿Entonces cuántas investigaciones están en curso?

DFGR: Podemos decir que tenemos un promedio de 5.300 investigaciones vigentes y 84 procesos judiciales con la Fiscalía, que nos permitirán establecer cuáles son esas líneas de corrupción con el ingreso de teléfonos a las cárceles.

También se registran 917 sanciones, 125 capturas en flagrancia, 39 destituciones, 70 suspensiones, siete multas y dos amonestaciones.

ENS: ¿Entonces ahora sí hay investigaciones contra la corrupción?

DFGR: Es fundamental luchar frontalmente contra la corrupción y es uno de los propósitos de esta administración. Trabajamos para detectar a esas personas que no actúan en transparencia, poderlos capturar y ponerlos a buen recaudo de la justicia.

Alimentación, salud y déficit

ENS: ¿Mejoraron los sistemas de alimentación y salud para las personas privadas de la libertad?

DFGR: Es un problema que no es fácil, pues lleva muchos años. Pero hemos venido articulando con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para que cada día mejore más.

El Ministerio de Justicia nos ordenó que vigilemos cómo llega la alimentación, los insumos, el almacenamiento y otros procesos, porque es fundamental que una persona privada de la libertad pueda tener el acceso a la alimentación y a la salud de una manera digna.

ENS: ¿Cuál es el déficit de funcionarios en el sistema penitenciario?

DFGR: Es un proceso de largo aliento, porque la planta de personal está establecida desde hace varios años. Por esta razón, es necesario un proyecto de ley para que puedan autorizar el aumento de la planta de personal.

Tenemos actualmente un déficit de 16 mil funcionarios. Sin embargo, en los últimos dos años la administración ha incorporado alrededor de 2.800 funcionarios en todo el país, que ya están autorizados.

El reto es poder articular con los Ministerios de Justicia y de Hacienda y el Congreso de la República para poder generar ese proyecto de Ley, así aumentar la planta de personal para solucionar las necesidades que hoy tiene el Inpec.

ENS: ¿La seguridad para los directores y demás funcionarios de la entidad?

DFGR: Es un tema de la Unidad Nacional de Protección, que también viene trabajando con nosotros después de todas las novedades con los asesinatos y con las amenazas a los funcionarios.

En lo corrido del presente año, van más de 300 amenazas, pero en el 2023 registramos alrededor de 540 amenazas. Reitero: los esquemas de seguridad corresponden a la UNP, porque la misión del Inpec es la custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad.

Por esta razón necesitamos trabajar con otras entidades como la Unidad de Protección para que puedan generar protección a nuestros funcionarios y que las rutas sean más seguras y más dinámicas.