La exministra boliviana Julia Ramos, exlíder de mujeres campesinas, fue remitida preventivamente a la cárcel este martes por malos manejos financieros en un fondo indígena, que amenaza con salpicar a otro exalto funcionario del gobierno de Evo Morales.

"Se determinó detención preventiva en el penal de Obrajes a pedido de la Fiscalía (a raíz de) los riesgos de peligro de fuga y peligro de obstaculización" a la justicia, informó a la prensa el fiscal¨Anghelo Saravia, miembro de una comisión de fiscales que investiga el caso.

Ramos, una lideresa campesina cercana a Morales, es investigada por haber "manejado dos proyectos, como responsable de organización y como representante legal" y por haber aprobado "nueve proyectos, cuando era parte del directorio" del Fondo Indígena, por casi medio millón de dólares, agregó Saravia.

Ramos, exministra de Desarrollo Rural y Tierras, está acusada de "los delitos de incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica y otros", informó Eduardo León, abogado de la parte acusadora.

Una auditoría al Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas estableció en agosto un daño económico de 14,5 millones de bolivianos (unos 2 millones de dólares), al detectarse inicialmente 30 proyectos sociales y de desarrollo fantasmas, entre 2009 y 2014.

Las investigaciones provocaron en agosto la renuncia de la ministra de Desarrollo Rural de Bolivia, Nemesia Achacollo, quien no ha sido citada por la justicia, medida que exige la oposición a Morales. Achacollo era a la vez presidenta del directorio del Fondo.

Un exdirigente campesino de la oposición, Damián Condori, y el senador oficialista Jorge Choque, comparecen también este martes ante la justicia y corren el riesgo de ser enviados preventivamente a la cárcel.

La investigación, que comenzó en febrero pasado por orden del presidente Morales, campesino de origen aymara, surgió después de que la Contraloría General revelara que entre 2010 y 2013 fueron desviados recursos a cuentas particulares.

La interventora Lariza Fuentes indicó que el daño económico podría ascender hasta los 102,2 millones de bolivianos (14,7 millones de dólares).