Hay tres formas de ver el anuncio presidencial en torno al indulto a 30 guerrilleros presos. La primera es la versión gubernamental en torno a que se trata de una medida que va dirigida a construir más confianza entre las partes que negocian la paz en La Habana.

Ayer los ministros del Interior y Justicia, Juan Fernando Cristo y Yesid Reyes, reiteraron que la excarcelación de los 30 subversivos, cuyos nombres no se darán a conocer por razones de seguridad, hace parte de las acciones del Gobierno para demostrarle a las Farc que llegó la hora de dejar atrás la guerra.

 

Según Reyes, el indulto solo aplicará para aquellos excombatientes condenados por delitos de rebelión o aquellos conexos a este, como el porte ilegal de armas, municiones o uniformes de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

“Es un acto unilateral del Gobierno con el propósito de ir desescalando el conflicto y generar un clima de confianza para el acuerdo final que esperamos, se firme en marzo”, precisó.

El Ministro fue enfático en afirmar que “ningún guerrillero que haya cometido delitos distintos a los mencionados será objeto de indulto”.

Indicó que el respectivo decreto ya se está trabajando pero para que entre en vigor tendrán que surtirse los respectivos trámites ante los juzgados correspondientes.

“La figura del indulto es muy antigua en Colombia y se ha utilizado durante varios gobiernos en relación con diferentes grupos guerrilleros, de tal forma que no es subvención de un presidente en concreto ni es un presidente en concreto el que lo ha utilizado. Se ha aplicado muchas veces en Colombia”.

 

En ese orden de ideas, dentro de esta primera óptica se podría decir, entonces, que los 30 indultos son una medida de tipo político dirigida a que las Farc, que una semana atrás habían pedido al Gobierno estudiar una posible excarcelación de subversivos enfermos, entiendan que el Gobierno está dispuesto a dar las señales que sean necesarias para destrabar la Mesa de Negociaciones, que lleva más de dos meses sin avanzar mayor cosa debido a la reapertura de la discusión del “Acuerdo sobre justicia integral” anunciado el pasado 23 de septiembre como gran logro en el proceso, pero que debió retomarse debido a que el Ejecutivo se dio cuenta que no se precisaron los alcances de la restricción efectiva a la libertad de los guerrilleros condenados por delitos graves, así como por la polémica en torno a los alcances de la jurisdicción del “Tribunal especial de paz”, que –según la guerrilla– podría juzgar a expresidentes y otros dirigentes políticos, militares y económicos que pudieron tener relación directa o indirecta como en conflicto.

 

El que este ofrecimiento de indulto hace parte de los ‘mensajes’ a la guerrilla para que ceda en la Mesa y se destrabe el proceso, se ratifica en que se hizo un día después de la reunión del hermano del presidente Santos con el máximo cabecilla de las Farc, ‘Timoleón Jiménez’. En ese encuentro, como se sabe, se analizó la propuesta presidencial de citar una especie de “cónclave” de los negociadores para que no se levanten de la Mesa hasta que superen las trabas en la Agenda.

Aunque alias ‘Timochenko’ dijo que se estaba analizando la propuesta presidencial, lo cierto es que indicó que el problema no era de tiempos (el Gobierno insiste en la fecha del 23 de marzo como plazo máximo para firmar el acuerdo final) sino de “voluntad política”.

 

Ayer el cabecilla subversivo dio a entender, en una entrevista en la página web de las Farc, que la reunión era productiva y que la discusión sobre el “Acuerdo de justicia transicional” ya casi estaba finalizada.

"Le expresé (a Enrique Santos, hermano del Presidente) a nombre de las Farc las inquietudes que tenemos, las angustias que tenemos, porque al fin y al cabo nosotros no nos cerramos a la banda y le dijimos al gobierno: 'listo, revisemos nuevamente el acuerdo' e inmediatamente se convocó a la comisión de juristas, los tres del gobierno y los tres nuestros, para que hicieran una revisión", señaló. 

Agregó que, al respecto del Acuerdo de Justicia, "según lo que me informan, ya nuevamente hay acuerdos sobre los 74 puntos de los 75, nos queda uno", aunque no precisó cuál.

 

Algunos analistas consideraban ayer que si este último punto es el referido a si habrá o no restricción efectiva de la libertad a los guerrilleros condenados por delitos de lesa humanidad, a lo que se oponen las Farc, entonces todavía falta el aspecto más difícil de todo este acuerdo judicial.

El propio presidente Santos había indicado que sí habría confinamiento, restricción y vigilancia a los subversivos, y todas las encuestas evidencian que la opinión pública está en contra de que las Farc no paguen, al menos mínimamente, por sus delitos. Incluso de cara a una refrendación popular del acuerdo de paz, es evidente que si los guerrilleros no tienen algún tipo de restricción de la libertad y saltan de inmediato a la política o cargos en el Congreso, asambleas y concejos, los críticos del proceso podrían ganar en las urnas.

 

Del punto “3”

Una segunda forma de analizar el anuncio de los 30 indultos es que se trata de un asunto normal y ordinario en todo proceso de paz y más en uno que completó ya tres años.

Es más, el tema de la “revisión de la situación” de los insurgentes presos es el subpunto 3 del punto 3 o de “fin del conflicto” de la agenda pactada por el Gobierno y guerrilla. Es decir que más que una novedad, lo que hay aquí es un adelantamiento de un tema aún no abordado en la Mesa.

El propio ministro Reyes indicó que no se acude en este caso a ningún procedimiento legal extraordinario. La posibilidad de conceder esta clase de indultos está reglada por la Ley 418 y sus posteriores reformas, que son la base normativa de los procesos de paz.

El artículo 50 de la citada norma establece que el “Gobierno Nacional podrá conceder, en cada caso particular, el beneficio de indulto a los nacionales que hubieren sido condenados mediante sentencia ejecutoriada, por hechos constitutivos de los delitos políticos de rebelión, sedición, asonada, conspiración y los conexos con éstos, cuando a su criterio, la Organización Armada al margen de la ley a la que se le reconozca el carácter político, del cual forme parte el solicitante, haya demostrado su voluntad de reincorporarse a la vida civil”.

De acuerdo con el Ministro, con base en las leyes y normas existentes en Colombia desde 1989, distintos gobiernos  han aplicado esta figura, que ha permitido que durante los últimos 17 años, 412 personas que pertenecieron a grupos al margen de la ley hayan sido indultadas.

En el mandato Pastrana, por ejemplo, fueron dejados en libertad 27 guerrilleros. Desde ese periodo hasta 2010 fueron más de 230 subversivos de las Farc, 8 del Eln y 114 paramilitares, entre otros. Bajo el mandato de Santos ese beneficio lo han recibido 23 insurgentes.

Por lo mismo, ayer la reacción de las Farc al anuncio del indulto fue positiva, pero cautelosa. "Valoramos como un gesto positivo que ha sido recibido con beneplácito por buena parte de la sociedad colombiana, el anuncio del gobierno nacional de indultar a 30 prisioneros condenados por rebelión", dijo alias ‘Pablo Catatumbo’, en La Habana.

Aun así la guerrilla insistió al Gobierno que excarcele "como gesto humanitario", a otros subversivos en grave estado de salud". En este aspecto, ya el Ejecutivo indicó el fin de semana que se revisaría la asistencia médica a estos reclusos.

No hay que dejar de lado acá que desde el pasado 9 de noviembre una parte de los 1.500 guerrilleros presos adelantan una "huelga de hambre" en cárceles colombianas en protesta por los "altos niveles de hacinamiento", el maltrato y la falta de atención médica.

Lo cierto es que, respecto a los 30 indultados, se espera, según el Ministro de Justicia, que estén libres antes de que termine este año. Serán cobijados por un programa provisional de reincorporación, “mientras se acuerda uno definitivo en La Habana para todos los integrantes de las Farc”.

Paralelo a ello se trabajará en la reubicación de los excombatientes de las Farc presos. Junto al Inpec se están estudiando los ajustes para unificarlos en patios especiales.

 

¿Y narcotráfico?

Sin embargo, la tercera visión respecto a cómo evaluar el anuncio de los indultos es la que podría llevar a que esta medida, en principio entendida como una señal para construir confianza y destrabar la negociación, puede llevar en poco tiempo a crear un nuevo “nudo gordiano” en La Habana.

Está claro, según la Ley 418, que el indulto no se aplicará a quienes realicen conductas que configuren actos atroces, de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, genocidios, homicidios cometidos fuera de combate, o colocando a la víctima en estado de indefensión.

Sin embargo, queda el problema de la relación de la guerrilla con el narcotráfico. Apenas semanas atrás la propia DEA denunciaba que las Farc mantienen su relación con los carteles mexicanos para introducir cocaína a EU. A ello se suma, según los últimos informes antidroga nacionales e internacionales, que la extensión de narcocultivos se ha extendido en Colombia y el país recuperó el triste liderato como mayor productor y exportador de cocaína. Esa extensión de sembradíos ilegales se da en zonas de alta presencia de la guerrilla.

A finales del año pasado, por ejemplo, el presidente Santos abrió el debate en torno a que el narcotráfico podría ser considerado delito conexo con el delito político de rebelión.

“El narcotráfico nunca podrá ser un delito político. A los narcotraficantes nunca se les podrá juzgar bajo ese parámetro. Un narcotraficante es un delincuente común y corriente… Otra cosa muy distinta es que una persona o una organización que tenga ese estatus político, que se va en rebelión contra un Estado, utilice ciertos mecanismos que son delitos. Por eso se llama la conexidad, un delito conexo, para lograr sus fines, entonces dentro de la justicia transicional podría darse el caso que esos delitos conexos se consideren como delitos políticos”. 
Indicó que ello tendría efecto solo en aquellas personas que han entrado en rebelión y que “están sometiéndose a justicia transicional bajo ese parámetro”.

A ello se suma que en sendas sentencias la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha advertido, incluso con respecto a la extradición, que sí hay conexidad del delito de narcotráfico con el de rebelión, siempre y cuando se compruebe que la producción y tráfico de narcóticos se hizo con el fin de financiar el alzamiento en armas y no para enriquecimiento particular.

Incluso la Fiscalía ha indicado que el "delito de narcotráfico puede ser conexo al delito político en aquellos casos en los cuales sirva como instrumento para la guerra, cuando es utilizado como herramienta para sostener económicamente los fines políticos de la confrontación armada". Como consecuencia de lo anterior, “el narcotráfico puede ser objeto de amnistías e indultos, cuando sea conexo a delitos políticos".

Obviamente en el fondo de todo este asunto está la posibilidad de que los guerrilleros que firmen el acuerdo de paz puedan llegar a ser extraditados. El Gobierno ha insistido en que no hay lugar a ello, pero las Farc quieren un seguro jurídico al respecto y no una simple promesa discrecional que puede romperse, como le pasó a los cabecillas paramilitares desmovilizados en el gobierno Uribe.

De allí que, por el momento, una cosa es proponer el indulto de 30 guerrilleros acusados de delitos conexos leves, pero otra muy distinta será cuando la figura se plantee con subversivos de mayor categoría o señalados cabecillas de frentes muy activos en narcotráfico. Allí se formará un ‘nudo gordiano’ en la Mesa, al tiempo que tanto la opinión pública nacional como Estados Unidos, tendrán muchas cosas que decir y advertir.