El Banco Interamericano de Desarrollo afirma que se deben regular los intereses privados con los públicos para así mejorar la cobertura y la calidad

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Solamente el 10% de la población de América Latina y el Caribe tiene acceso a Internet por banda ancha fija.

La cifra dista mucho del promedio que exhiben los países de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que es del 28%.

En cuanto a la banda ancha móvil, la penetración alcanza al 30% de la población, también muy lejos también del promedio de los países de la OCDE, de 72%.

Las cifras, recopiladas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), demuestran que la región necesita modernizar los marcos legales e institucionales que rigen las telecomunicaciones para alinear los intereses de las empresas privadas que prestan el servicio con los intereses públicos de cobertura y calidad.

El problema quedó registrado en un reciente estudio titulado ´La gobernanza de las telecomunicaciones: Hacia la economía digital´ publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

"El desarrollo de la economía digital depende del despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones con el desarrollo de las aplicaciones, los contenidos y las plataformas en las que convergen un gran número de bienes y servicios", afirmó Pau Puig Gabarró, especialista en telecomunicaciones del BID, uno de los autores del estudio.

Según el estudio, un aumento del 10% en la penetración de servicios de banda ancha en la región lleva asociado un incremento promedio de 3,2% del producto interno bruto (PIB) y un aumento de la productividad de 2,6 puntos porcentuales.

"Si bien los actores clave del ecosistema digital comparten objetivos estratégicos de alto nivel, los intereses de todos los actores no siempre están alineados”, dijo Joan Oriol Prats, especialista senior de mercados financieros del BID y también autor del estudio. “Una buena gobernanza de las telecomunicaciones es esencial para alienar al máximo posible los intereses de los actores del sector privado con los del público y los de los consumidores para crear una economía digital que ayude a promover el desarrollo", añade Prats.

El estudio concluye que la reforma de los marcos regulatorios debe enfocarse en asegurar el derecho al acceso a la banda ancha y promover la competencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Debe solucionar los problemas de acceso limitado a infraestructuras, servicios poco asequibles y una adopción limitada de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC).