El gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, emprendió una defensa de su proyecto de reforma constitucional, especialmente ante la comunidad internacional, con la que ya ha tenido desencuentros y clave para sus planes de recuperación económica.

La propuesta amplía el mandato presidencial de cinco a seis años -para los sucesores de Bukele-, instaura la posibilidad de revocatoria al tercer año de gobierno, y abre la puerta a la unión homosexual y al aborto terapéutico.

El texto contiene derechos civiles demandados por la ciudadanía, pero el vicepresidente Félix Ulloa denuncia que "hay agendas ocultas, políticas, de querer afectar la imagen del gobierno, sobre todo su imagen internacional" y que han emergido con la promoción de la reforma.

El Salvador levantó críticas internacionales luego de que el Congreso, de mayoría oficialista, destituyó, apenas inició su legislatura en mayo, a jueces de la sala constitucional y al fiscal general, con los que el presidente había tenido diferencias.

Así que el gobierno decidió explicar el pasado viernes, "directa y oficialmente" al cuerpo diplomático, incluida la encargada de Negocios estadounidense, Jean Manes, detalles de la reforma a la Constitución, que data de 1983, en medio de la guerra civil (1980-1992).

Las reuniones con diversos sectores comenzaron la semana pasada y, coincidentemente, se reportó una caída en los bonos salvadoreños al 2035, tal como ocurrió en mayo, cuando Washington y la Unión Europea calificaron la destitución de magistrados como una vulneración a la independencia de poderes.

"La preocupación de los mercados es porque nadie sabe hasta dónde quieren llegar en términos de cambiar las estructuras democráticas", comentó el exembajador de El Salvador en Washington Rubén Zamora.

En julio Moody's bajó la calificación de los bonos salvadoreños a categoría "basura", en momentos en que el país, con una deuda externa sobre el 80% del PIB, busca un préstamo de 1.300 millones de dólares con el FMI para atender necesidades del presupuesto.

La reforma también contempla que la economía dolarizada de El Salvador acepte criptomonedas como el bitcoin, cuyo uso legal en el país inicia en septiembre y ha despertado incertidumbre.

Pese a la contracción de la economía en un 7,9% por la pandemia en 2020, el Banco Central espera un crecimiento del 9% en 2021.

Una comisión liderada por el vicepresidente Ulloa debe entregar el proyecto de reforma el 15 de septiembre a Bukele, quien lo validará y enviará al Congreso.

En su reunión con los diplomáticos, el vicepresidente explicó que la idea detrás del mandato presidencial de seis años es sincronizar los comicios presidenciales con los legislativos, que son cada tres años.

El actual presidente no se beneficiaría porque la reforma entrará en vigencia una vez que sea aprobada por dos congresos consecutivos, hacia 2027.

Ulloa explicó que para el referéndum revocatorio habrá una Ley de Consultas Ciudadanas pero "en ningún caso servirá para prorrogar el mandato presidencial o permitir la reelección inmediata".

Sin embargo la iniciativa genera oposición. Nueve organizaciones de la sociedad civil rechazaron participar de las reuniones, temiendo que su presencia sea utilizada solo "para dar apariencia de legitimidad".

"Toda reforma está sujeta a la aprobación exclusiva del presidente, ratificando el origen vertical de esta iniciativa", detallaron en un comunicado. 

Ulloa considera que la ausencia de las organizaciones es una muestra de "intolerancia".

Bukele, de 40 años y en el poder desde 2019, ha capitalizado el descontento popular sobre los partidos tradicionales que gobernaron por tres décadas y desde mayo tiene el control del Congreso.

Sus críticos lo tachan de autoritario, recordando que en febrero de 2020 acudió, flanqueado por militares armados, al Congreso, entonces de mayoría opositora, para demandar la aprobación de un préstamo para seguridad ciudadana.