Amnistía Internacional, junto a más de 400 activistas, personas académicas y organizaciones de la sociedad civil, firmaron una carta en la que le piden a los países de América que garanticen los planes de vacunación contra el coronavirus para los solicitantes de asilo y migrantes en el continente.

“Las Américas es la región del mundo con más personas contagiadas y fallecidas por el COVID-19, y solo podremos salir de esta crisis cuando todas las personas, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, tengan acceso universal a las vacunas”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En la región, los decesos por coronavirus superan los 960 mil. El país más afectado por la pandemia es Estados Unidos con más de 24 millones de infectados, seguido por Brasil con 8,4 millones de contagios.

“Servirá muy poco aplicar la vacuna a algunas personas mientras otras estén a merced de contraer la enfermedad, manteniendo la presión sobre los sistemas de atención sanitaria e imponiendo todavía más dificultades al personal de salud que ha estado en la primera línea de atención. Todas las personas del planeta deben tener acceso a las vacunas contra el COVID-19 sin ningún tipo de sesgo”, añadió Guevara.

Amnistía Internacional remarcó que, en días pasados, los presidentes de Colombia y República Dominicana manifestaron que en sus planes de vacunación solo garantizaban la aplicación de vacunas para residentes legales en sus países.

En el caso de Colombia, el mandatario Iván Duque afirmó que los migrantes irregulares en el país no son prioritarios dentro el Plan Nacional de Vacunación.

“Las Américas albergan varios de los movimientos transfronterizos de personas más importantes del mundo, sea producto de la crisis de derechos humanos que se vive en Venezuela que ha expulsado a más de 5 millones de sus habitantes hacia todo el continente, la situación humanitaria en Haití que provoca el movimiento de cientos de personas hacia República Dominicana y otras islas del Caribe, o la situación de violencia generalizada, a la que se ha sumado desastres naturales asociados con el cambio climático en Centroamérica, propiciando que decenas de miles de personas de El Salvador, Honduras y Guatemala emprendan camino hacia el norte del continente”, concluyó un comunicado de Amnistía Internacional.