LA OFICINA de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (OACNUDH), en cabeza de Michelle Bachelet, saludó “la reunión convocada por el Gobierno de Nicaragua” en la que fueron convocados miembros del sector privado del país centroamericano y el cardenal Leopoldo Brenes.

Bachelet dijo que el cese a la represión contra el pueblo por parte de las autoridades debe preceder cualquier “diálogo participativo”. La expresidenta de Chile agregó que en el marco de cualquier tipo de conversaciones entre el gobierno y la ciudadanía, el respeto hacia los derechos humanos en las calles del país es una prioridad.

"En el abierto intercambio se ha confirmado la necesidad de un entendimiento para empezar una negociación, a través de un encuentro incluyente, serio y franco", anunció el gobierno en un comunicado.

En la cita participó "un grupo de empresarios representativos del sector privado nicaragüense para abordar temas importantes para el bien común del país", agrega la nota.

Acudieron como testigos y mediadores del encuentro el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también reaccionó al anuncio de diálogos por parte del gobierno y dejó saber que “toma nota y valora” los esfuerzos para reanudar las conversaciones.

En este contexto, la CIDH expresó que hay que tener en cuenta varios principios para que dichos diálogos tengan éxito: liberar a todos los manifestantes apresados, devolver bienes confiscados, restituir personería jurídica a organizaciones y dejar sin efectos los decretos de la Policía que prohíben las manifestaciones.

En su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció la escalada de ataques a la prensa, la censura y clausura de medios de comunicación que se oponen o critican al Gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua.

La CIDH llamó la atención por la capturas arbitrarias y enjuiciamientos contra reporteros nicaragüenses en el marco de la crisis que se vive en el país centroamericano desde abril del 2018.

En ese sentido, la Comisión indicó que se ha documentado la persistencia de un patrón de detenciones arbitrarias e ilegales en Nicaragua, así como condiciones de detención que violan los derechos de las personas privadas de la libertad y de sus familias.

Por medio de un comunicado la CIDH recordó al Estado que “una detención es ilegal o arbitraria cuando se produce fuera de las hipótesis previstas en la ley, o cuando es utilizada para fines diferentes a los previstos y sin las estrictas formalidades establecidas en la norma”.

La Comisión también manifestó la alerta por el aumento de las denuncias de malos tratos y castigos físicos contra mujeres y hombres recluidos en las cárceles conocidas como La Esperanza y La Modelo.

Asimismo, la CIDH recibió información sobre personas privadas de la libertad que no estarían recibiendo la debida atención médica