Presidente Vizcarra anunció referendo para legitimar profunda reforma judicial que también contempla no a reelección de parlamentarios 

UN reconocido empresario peruano y otras diez personas fueron capturadas ayer gracias el proceso judicial sobre el escándalo de los audios de jueces que golpea al sistema legal del país suramericano, mismo que llevó al presidente Martín Vizcarra a anunciar un referendo para “legitimar” la reforma que propone a la administración de justicia y que, además prohibiría la reelección de legisladores y restituiría la “bicameralidad” en el Congreso.

“En un operativo denominado 'Los cuellos Blancos del Puerto' fue detenido el empresario Antonio Camayo y a otras diez personas por orden del Primer Juzgado Preparatorio del Callao”, informó el ministro del Interior, Mauro Medina.

Explicó que hasta el momento se han intervenido 21 inmuebles con la participación de más de 400 efectivos y 21 fiscales especializados en crimen organizado.

Según el Ministerio del Interior, Antonio Camayo, gerente de la empresa Iza Motor, “era el coordinador de apoyo logístico de la organización criminal”, que tenía contacto con algunos magistrados para tráfico de influencia.

“A Camayo se le acusa de corrupción de funcionarios, tráfico de influencias, cohecho y peculado. Tiene la condición de detenido al igual que los otros diez integrantes de la organización”, dijo a la prensa el general Miguel Núñez, jefe del operativo.

El escándalo de los audios se originó con la divulgación de unas grabaciones legales hechas por la policía a pedido de la fiscalía para seguirle la pista a una organización criminal ligada al tráfico de drogas en el Callao, vecino a Lima y principal puerto de Perú.

Las más de 30 grabaciones divulgadas por la prensa desde hace tres semanas han provocado protestas callejeras y han llevado al presidente Vizcarra a anunciar una reforma judicial.

Desde que estalló el escándalo renunciaron, entre otros, el presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, y el ministro de Justicia, Salvador Heresi.

Además, la justicia destituyó y detuvo al Presidente de una corte de apelaciones y renunciaron los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que nombra jueces y fiscales. Se suspendió a magistrados por estar involucrados en los audios donde hablan de venta de sentencias e intercambio de favores con nombramientos de amigos.

“Revolcón”

Este escándalo dio pie para que el presidente Martín Vizcarra, en su mensaje al país el sábado por el Día de la Independencia de Perú, anunciara un referendo para "legitimar" su ambiciosa reforma judicial que planteará también prohibir la reelección de legisladores y restituir la "bicameralidad" en el Congreso.

La reforma contempla cambios en la Constitución para crear un ente de control del Poder Judicial, la creación de una fiscalía anticorrupción, mayor transparencia en los fallos de los tribunales y sanciones para jueces y abogados corruptos, entre otras medidas.

“Se va a abrir un proceso de referéndum para la reforma judicial”, dijo Vizcarra, quien reaccionó enérgicamente al escándalo de los jueces, cuatro meses después de asumir el poder en medio de una crisis política que condujo a la renuncia de su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), agobiado por denuncias de corrupción.

“El sistema de administración de justicia ha colapsado y, como saben, este problema no es de hoy, es estructural”, añadió el Jefe de Estado en su primer mensaje al país en el Congreso por el día de la Independencia.

La congresista Úrsula Letona, vocera de Fuerza Popular, el mayor partido de oposición que además es liderado por Keiko Fujimori, dijo que Vizcarra “no fue preciso, porque un referéndum solo es viable si existe una ley previa sobre el tema a consultar, de acuerdo a la normativa constitucional”.

En tanto, Jorge Del Castillo, congresista del opositor Partido Aprista, dijo estar “de acuerdo con el referendo y con que no haya reelección de legisladores”.

El refrendo planteará también temas ajenos al judicial, como prohibir la reelección de legisladores y restablecer la “bicameralidad” en el Congreso peruano, eliminada en 1993 bajo el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000)