Dos horas después de que inesperadamente anunciara al país la decisión de disolver el Congreso, y declarar un gobierno de emergencia excepcional, Pedro Castillo no tuvo más salida que dejar el poder y entregarse a la Policía peruana, poniendo fin a un tan cuestionado como inestable mandato de año y medio.

En la antesala del debate a la tercera moción de censura en su contra, el mandatario izquierdista sorprendió al país y al mundo al anunciar en un mensaje radiotelevisado, donde apareció luciendo la banda presidencial, que “en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República y convocar en el más breve plazo a un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses".

Agregó que “a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy (...) desde las 11 de la noche hasta las 4 a.m. y se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional".

Entre la incredulidad y el asombro, los miembros del Parlamento y en especial del Comité de Fiscalización que a esa hora recibía el testimonio de dos empresarios en contra del presidente, asegurando que le habían pagado sobornos, se anticipó el programado debate y con 101 votos de los 130 integrantes del Congreso avalaron destituir a Pedro Castillo por su “concurrente incapacidad moral” para ejercer el cargo, una acusación sustentada no sólo en sus constantes errores de gestión, especialmente de nombramientos ya que tuvo cinco gabinetes en 525 días, sino en las investigaciones en curso por corrupción, donde la Fiscalía lo acusa de dirigir una red de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas, integrada por su entorno familiar y político.

Como reza el dicho popular “la tercera fue la vencida”, aunque hasta antes de la decisión presidencial se daba por descontado que superaría ese nuevo intento de separarlo del mando, ya que la oposición -–como en las anteriores ocasiones- no sumaba los 87 votos requeridos. No alcanzaron a pasar tres horas cuando la crisis política derivó en una nueva realidad: el alud de renuncias de ministros y miembros del gabinete, el arresto de Castillo y su exprimer ministro, Aníbal Torres, verificado en la Prefectura de la Policía a donde se dirigieron tras abandonar el Palacio de Gobierno, la convocatoria urgente del Congreso en pleno para posesionar a Dina Boluarte como jefe de Estado y la ratificación de las Fuerzas Armadas de que “respetuosas del orden constitucional establecido” no acatarían ningún acto o hecho en
contravía de ese máximo precepto.

‘Golpe de Estado’

El anuncio de Castillo al país llevó de inmediato a que dirigentes políticos, encabezados por su vice, Dina Boluarte y quien horas después se juramentó como Presidenta de Perú, lo calificaran de un ‘golpe de Estado’, al tiempo que se generó un alud de renuncias en el equipo gubernamental. Siete ministros expresaron, vía tuiter, que su decisión de dar un paso al costado obedecía al “rompimiento del orden constitucional” y la “vulneración del Estado de Derecho”, instando a la vez a reencauzar la democracia, así como a las Fuerzas Armadas y a la Policía a defenderla.

"Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”, trinó Boluarte, horas antes de trasladarse al Parlamento donde prestó juramento como jefe de Estado.

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Por su parte la fiscal general, Patricia Benavides, rechazó el “quebrantamiento del orden constitucional”, el procurador Daniel Soria Luján anunciaba una denuncia penal contra Castillo por "violación flagrante de la Constitución" y el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, sostuvo que “este es un golpe de estado al mejor destino del siglo XX pero que está destinado al fracaso porque el Perú quiere vivir en democracia”.

Y, evidentemente, así se evidenció cuando a las 4 de la tarde, y en cumplimiento del orden constitucional, ante el Congreso en pleno juró y tomó posesión de la Presidencia de Perú la abogada Dilma Boluarte, quien hizo dos claros y contundentes llamados: una tregua política para conformar un gobierno de unidad nacional y que, a través del diálogo, se debatan las
diferencias en dicho hemiciclo que, como se sabe, tiene mayoría derechista.

Juro por dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución, desde este momento hasta el 26 de julio de 2026", expresó tras recibir la banda presidencial de manos del presidente del Congreso, José Williams Zapata.

"Defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la república y la independencia de las instituciones democráticas. Que cumpliré la con la Constitución y las leyes de Perú, reconociendo la libertad de culto y la formación moral de los peruanos", manifestó Boluarte con la mano derecha sobre la Bilbia y la izquierda en alto.

Tras ello, la primera mujer presidente en la historia de esa nación andina pronunció un breve discurso en el que resaltó que "esta difícil coyuntura nos pone a prueba a todos los ciudadanos. Antes que política soy una ciudadana y una madre peruana que tiene pleno conocimiento de la responsabilidad que la historia pone en mis hombros”

Hizo un llamado "a la unidad de todos los peruanos", ganándose los aplausos del hemiciclo y enfatizó en que "nos corresponde conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo, como tan impracticable en los últimos meses", ha lamentado.

"Convoco a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso", expresó la mandataria, al tiempo que pidió “el apoyo de la Fiscalía para entrar en las estructuradas corrompidas por las mafias".

Boluarte había compaginado su cargo como vicepresidenta de Perú con el de ministra de Desarrollo Social hasta que en noviembre de este año fue elegida Betssy Chávez nueva primera ministra.

Ahora ella tendrá que lidiar con un Congreso en el que no cuenta con una bancada y apenas aliados parlamentarios que le apoyen, después de que hace poco dejara de formar parte de Perú Libre, y que desde hace dos décadas se ha mostrado como un espacio ingobernable y hostil hacia todos los presidentes.

Siete presidentes

La inestabilidad política se ha vuelto una constante en Perú que ahora con Boluarte tiene al séptimo jefe de Estado en apenas seis años y medio.

De estos siete nombres, el mandato más largo fue el de Ollanta Humala, que gobernó de julio de 2011 a julio de 2016 y ahora está inmerso en un juicio por corrupción, una tónica recurrente en la etapa reciente de Perú. De hecho, el predecesor de Humala, Alan García, acabó suicidándose en abril de 2019, cuando iba a ser arrestado por el caso Odebrecht.

A Humala le sucedió Pedro Pablo Kuczynski, que presentó su dimisión en marzo de 2018 cuando el Congreso se preparaba para votar por segunda vez una moción de censura en su contra, también por delitos de corrupción.

La caída de Kuczynski supuso el ascenso de Martín Vizcarra, víctima igualmente de su agrio enfrentamiento con el Congreso. Fue cesado en noviembre de 2020, después de que los legisladores intentasen en varias ocasiones apartarle del poder por acusaciones de diversa índole.

La vacante presidencial quedó cubierta por Manuel Merino, que pasó de liderar al Congreso a encabezar el país. Sin embargo, apenas duró cinco días en el cargo, ya que se vio forzado a dimitir tras una sucesión de protestas que se saldó con dos muertos.

La crisis fue resuelta con el nombramiento del diputado Francisco Sagasti, que ya desde un primer momento asumió que sólo estaría hasta la convocatoria de las próximas elecciones. Así, permaneció en el poder del 17 de noviembre de 2000 al 28 de julio de 2021.

Fue entonces cuando tomó posesión Pedro Castillo, al frente de una candidatura izquierdista que saltó ayer por los aires. Tras su destitución y arresto asumió Boluarte lo que sin duda es un solaz en este año de constante y creciente choque de poderes.

La pregunta que queda en el ambiente es esta mujer logrará más allá de la tregua planteada al Congreso, un entendimiento con éste que le permita gobernar, lo que su antecesor no logró y por lo que fue defenestrado.