LA ACCIDENTADA inauguración de la Convención Constitucional de Chile, que debió ser suspendida por tres horas luego de enfrentamiento de manifestantes con la policía en las afueras del lugar donde sesionaba no sólo son una muestra más de la profunda polarización política y social del país, sino que pueden presagiar lo difícil que será lograr puntos de encuentro.

Hay mucha esperanza pero también gran prevención por la tarea que inician los convencionistas. Y la razón principal es que si bien se elogia la paridad que se logró en su elección, sus difíciles debates para encontrar consensos en la redacción de la nueva Carta.

Lo ocurrido antes de que los 155 convencionistas constituyentes juraran su cargo y procedieran a elegir sus directivas fue evidencia de ello. Lo que en la desde muy temprano fue calificado como una fiesta de la democracia se tornó en violencia y los asambleístas mapuches acusaron de “represión” de la policía que intentaba contener a un grupo minoritario de personas que tenían como objetivo irrumpir en la exsede del Congreso de Santiago cuando se iniciaba la ceremonia.

Pero más allá de dicho incidente aislado, como reseñamos, se puede vislumbrar una tensión en la labor de la convención, ya que sus 155 integrantes (77 mujeres y 78 hombres), elegidos en una inédita votación paritaria y que reservó 17 escaños para pueblos indígenas, aúpa diversas tendencias políticas y, por tanto, las posiciones al respecto a la multiplicidad de temas que deben abordar y plasmar en la nueva Carta Política.

Como se sabe, el nuevo texto reemplazará a la que está vigente y que fue escrita inicialmente por una pequeña comisión durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y aprobada en 1980 en un proceso cuestionado.

En los últimos 30 años de democracia en Chile, esa Constitución tuvo varias reformas, pero mantuvo su esencia para sostener un modelo económico ultra liberal que trajo progreso y también desigualdad, lo que gatilló las masivas protestas -algunas muy violentas- hace 20 meses.

La heterogeneidad de los integrantes de la Convención, en su mayoría independientes con afinidades de izquierda y sin experiencia en cargos públicos, junto al hecho de que ninguna de las listas de candidatos haya logrado alcanzar por sí misma el tercio que otorga poder de veto, abre la esperanza de que será un órgano obligado a alcanzar acuerdos.

Un 40% aproximadamente de los Convencionales son independientes -en su mayoría con afinidades de centro-izquierda- y que básicamente buscan construir un Estado garante de derechos sociales. 

Pero esta misma diversidad en posturas y orígenes alimenta el temor de que se eternicen las discusiones y finalmente el texto no logre cumplir con las expectativas ciudadanas.  

"Está todo el país representado y se van a sentar a dialogar, a conversar el país que queremos. Por primera vez veo que hay una instancia de tanto poder como ésta en la que no están detrás los poderes fácticos", dijo el sacerdote jesuita Felipe Berríos, una de las voces más influyentes en Chile.

La presidenta

Superada la interrupción de la instalación de la Convención Constituyente provocada por los enfrentamientos, sus integrantes procedieron a elegir a sus directivas. Y aquí se dio la primera decisión que refleja una real voluntad de cambio político. Con el aval de 96 de los 155 integrantes, la académica mapuche Elisa Loncón, que ha enarbolado las banderas de constituir un Estado Plurinacional y reivindicar los derechos de los pueblos originarios fue elegida presidenta.

Cuando escuchó su nombre tras ser proclamada presidenta, Elisa Loncón, vestida con el traje típico y portando una bandera mapuche se paró de su asiento, extendió la "Wenufoye" (bandera Mapuche) y la exhibió en medio de un cerrado aplauso.

"Este es un sueño de nuestros antepasados y este sueño se hace realidad; es posible hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, refundar este Chile, establecer una relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país", dijo Loncón.

La primera sesión constituyente estuvo signada por las protestas y por la decisión de suspender el proceso debido a incidentes que se registraron tanto en el interior como en el exterior de la antigua sede del Congreso. También hubo manifestaciones en los alrededores de la Plaza Italia, el epicentro de las manifestaciones sociales de 2019. 

La constituyente de la Lista del Pueblo -la que más convencionistas tiene pero no es mayora- Elsa Labraña pidió no continuar con la sesión hasta que se detuviera la "represión". "Tenemos heridos, tenemos reprimidos. Tenemos nuestros familiares afuera que están siendo reprimidos por la policía (...). No vamos a empezar la ceremonia hasta que no nos aseguren que afuera se dejó de reprimir a nuestro pueblo", afirmó.

Entonces la secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares, suspendió momentáneamente la sesión inaugural con "el objeto de asegurarnos de que el país esté tranquilo y podamos tener la audiencia solemne como corresponde a estas autoridades y a nuestro país".

Tras el diálogo con los manifestantes y el restablecimiento del orden se reanudó la sesión que, tras juramentar a los 155 convencionistas, eligió a sus directivas. A partir de hoy tendrán nueve meses -prorrogable sólo una vez por tres meses más- para redactar el nuevo texto, que será luego sometido a un plebiscito ratificatorio con voto obligatorio.

Según el acuerdo político que dio pie al proceso, el órgano constituyente "tendrá como único fin redactar la nueva Carta Fundamental, sin afectar las competencias y atribuciones de los demás órganos de Estado" y tampoco podrá alterar procedimientos para su funcionamiento y adopción de acuerdos.

La temática

Como el objetivo fundamental de la Carta a redactar es generar los lineamientos para enfrentar la desigualdad social, garantizar los derechos ciudadanos y una reconciliación política, los temas a tratar serán tan variados como polémicos.

Uno de ellos es el de los Derechos Humanos.  En este aspecto, Lista del Pueblo coincide con otras miradas que buscan sentar bases para que la nueva Constitución haga del Chile ultraliberal un país con derechos fundamentales y un Estado de bienestar.

El agua como derecho básico, salud pública, educación gratuita y de calidad, o pensiones dignas son las bases del cambio de modelo que quieren plasmar en una nueva Constitución, que "proteja de manera absoluta los derechos humanos", destaca el constituyente Manuel Woldarsky, de 37 años.

"Hasta el día de hoy vivimos en una sociedad coartada en el ejercicio de sus derechos y libertades porque aún está legalizada una Constitución heredada de este periodo fratricida que vivimos y que fue impuesto por el dictador", afirma este abogado.

Activista por los derechos humanos, decidió ser constituyente una madrugada de noviembre de 2019 en una Comisaría cuando defendía a detenidos de una jornada de protestas y al mismo tiempo se anunciaba el acuerdo para llamar al plebiscito que decidiría si se escribía o no una nueva Constitución.

Previo a la instalación de la Convención, constituyentes aymaras y mapuches hicieron ceremonias en Santiago, a la que se sumaron cientos de chilenos celebrando este hito nacional.

Este es el penúltimo paso de un largo proceso que surgió, como respuesta institucional, encabezada por el presidente Sebastián Piñera, a la crisis que desencadenó la ola de protestas de octubre de 2019 en reclamo de mayor igualdad de derechos y bienestar social.