El Parlamento catalán, dominado por los independentistas, anunció  una querella contra el juez que denegó la excarcelación del candidato a la presidencia de Cataluña, Jordi Sánchez, bloqueando su investidura como presidente regional.

La Mesa de la cámara catalana, el órgano rector de la institución, aprobó "presentar una querella contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a raíz del auto que denegó el permiso de excarcelación" de Sánchez, según anunció en Twitter.

El presidente del Parlamento, el independentista Roger Torrent, había advertido que si Llarena negaba el permiso violaría los "derechos políticos fundamentales" del candidato, exdirigente de una poderosa asociación independentista en prisión provisional desde mediados de octubre.

Llarena efectivamente rechazó excarcelarlo el jueves, alegando el riesgo de "reincidencia" que supondría su puesta en libertad y su eventual investidura como presidente regional.

Ante ello, la sesión de investidura prevista para este viernes fue suspendida sine die.

La Mesa decidió que la querella fuera presentada a nombre del Parlamento, pese a que esa vía fue desaconsejada por los propios letrados del Parlamento, según denunciaron partidos de oposición en Cataluña.

El Parlamento no debe ser usado "como si fuera un gabinete de abogados del señor Puigdemont o del señor Sánchez", fustigó Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos (centroderecha), la mayor bancada pero sin apoyos suficientes para gobernar.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, fue más allá y advirtió que si ese recurso es pagado por el Parlamento "podría estar tipificado como una malversación de caudales públicos".

"El Parlamento de Cataluña lo único que tiene que hacer (...) es elegir un presidente de la Generalitat que esté en condiciones de gobernar" y cumpla la ley, agregó Rajoy en rueda de prensa.

 "Injerencia"

El juez objetivo de la querella tomó decisiones que bloquearon antes la investidura de otros dos candidatos independentistas: el ex presidente catalán Carles Puigdemont, huido al extranjero, y el ex portavoz del gobierno regional Jordi Turull, encarcelado antes de una segunda votación sobre su investidura en el Parlamento catalán.

Los tres integran el grupo de 13 dirigentes independentistas encausados por el juez Llarena por rebelión, un grave delito penado con hasta 30 años de cárcel, por su papel en la tentativa de secesión de Cataluña de España en octubre pasado.

En una entrevista al medio digital El Independiente, Sánchez repudió "la injerencia de un juez (...) para impedir en tres ocasiones a candidatos con sus derechos políticos intactos ejercer sus responsabilidades".

Es algo "impropio de un Estado de Derecho", apuntó en sus respuestas escritas.

Sánchez es uno de los nueve encausados por rebelión puestos en prisión provisional por Llarena, y que son considerados "presos políticos" por los independentistas.

Contra los otros cuatro sospechosos de rebelión pesan órdenes de captura al encontrarse fuera de España.

Entre ellos está el expresidente catalán Puigdemont, a quien no obstante la justicia alemana dejó hace una semana en libertad bajo fianza al desestimar el cargo de rebelión, y estudia la posibilidad de devolverlo por malversación de fondos.

Polémica rebelión

El cargo de rebelión es polémico ya que implica un levantamiento violento, que según varios juristas no se produjo.

No obstante, el ministro español de Justicia, Rafael Catalá, informó que en una reunión el jueves en La Haya fiscales españoles transmitieron a homólogos alemanes elementos para respaldar la causa por rebelión contra Puigdemont, sin perder la esperanza de que sea entregado por ese delito.

Pese a que anglos separatistas renovaron mayoría en el Parlamento regional en las elecciones del 21 de diciembre, no han logrado proponer un candidato a presidente catalán sin obstáculos judiciales.

Mientras tanto, la región de 7,5 millones de habitantes sigue bajo tutela del gobierno central desde el 27 de octubre, tras la fallida declaración de una "República Catalana".

Y si el bloqueo político continúa de aquí al 22 de mayo, se convocarán automáticamente nuevos comicios regionales.