Nicaragua inicia oficialmente hoy la campaña para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, con la vía libre para que el mandatario Daniel Ortega busque un cuarto mandato consecutivo tras la detención de sus principales rivales.

Ortega, de 75 años, está en el poder desde 2007 tras dos reelecciones sucesivas y modificaciones a las leyes que le impedían perpetuarse.

Encabeza la alianza "Nicaragua Triunfa", liderada por la exguerrilla izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), e integrada por una decena de movimientos afines.

Como compañera de fórmula lo acompaña por segunda vez su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, el rostro visible y operativo del gobierno.

La campaña transcurre en un clima tensado por las detenciones desde junio de hasta el momento 37 opositores acusados de lavado de dinero, conspiración y promoción de medidas contra Nicaragua, y por las sanciones internacionales impuestas en respuesta contra el gobierno de Ortega.

"La gente está convencida claramente de que aquí va a haber un proceso electoral nada transparente y que, hasta cierto punto, está consignado que el Frente Sandinista va a ganar", dijo el exdiplomático y analista Edgar Parrales.

Todos los cargos contra los opositores se basan en recientes leyes aprobadas por el Parlamento oficialista.

Ortega asegura que los detenidos buscaban generar "una oleada de terrorismo" durante las elecciones, y acusa además a Washington de financiarlos y de buscar un candidato opositor de su preferencia.

Enlaza además estos señalamientos con las protestas contra su gobierno en 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno atribuyó las protestas a un fallido golpe de Estado.

Recientemente, los sandinistas restituyeron en una colina de Managua unas gigantescas siglas partidarias que utilizaron en 1980, cuando gobernaron el país por primera vez, tras el triunfo de su revolución en 1979 contra la dictadura de Anastasio Somoza.

El rótulo había sido removido en 1990, cuando Ortega perdió los comicios ante Violeta Barrios de Chamorro.

"Necesitan recrear el escenario de los 90, que es de guerra, y por eso hablan de imperialismo y de la CIA pagando a la oposición", advirtió en julio a la AFP Zoilamérica Ortega Murillo, de 53 años, hija adoptiva del mandatario, a quien acusó de abuso sexual.

"Es en el escenario bélico donde juegan mejor" sus padres, agregó.

El exguerrillero desarrollará su campaña frente a cinco candidatos de partidos derechistas de poca popularidad autorizados a participar por el Consejo Supremo Electoral (CSE).

Al igual que en las elecciones de 2016, los principales partidos opositores quedaron fuera.

La principal alianza opositora, agrupada en Ciudadanos por la Libertad (CXL, derecha), fue inhibida en julio por el CSE, argumentando problemas en la cédula de identidad de su presidenta, Kitty Monterrey, de nacionalidad nicaragüense y estadounidense. Ella huyó del país temiendo represalias.

Poco antes, siete aspirantes a la presidencia que buscaban en su mayoría definir una candidatura única con la bandera del CXL, fueron detenidos.

Entre ellos, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y favorita en las encuestas para enfrentar a Ortega.

Ortega "no ha permitido otro candidato más que él en su partido, y ahora, según parece, no permitirá otro presidente que no sea él", dijo en julio a la AFP el periodista Fabián Medina, autor de una biografía del presidente. 

A los 37 detenidos de este año se suman los más de 120 nicaragüenses presos después de haber participado de las protestas contra Ortega en 2018.

"Nos ha cercenado nuestras libertades de movilización, de expresión, con cárceles y tortura, pero no podrá obligarnos a participar en su circo" electoral, denunciaron esta semana organizaciones de presos políticos y excarcelados.

El jueves, los cancilleres de Canadá, Colombia, Ecuador, Francia, República Dominicana, Chile, Reino Unido y Estados Unidos emitieron una declaración sobre el "rompimiento" del orden democrático en Nicaragua.