¿Validar o anular? El Consejo Constitucional se pronunciará el viernes sobre la impopular reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron, en una decisión clave para el futuro del actual conflicto social en Francia.

Las miradas estarán puestas en las dos medidas más polémicas: el retraso de la edad de la jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años, en lugar de 42, para cobrar una pensión completa.

Esta institución, encargada de velar por el respeto de la Constitución de 1958, debe además decidir si autoriza el pedido de un referendo para fijar la edad de jubilación en 62 años, solicitado por la oposición de izquierda.

El Consejo está integrado por nueve "sabios" escogidos a partes iguales por los presidentes de Francia y de las dos cámaras del Parlamento.

Su composición actual favorece al gobierno: dos fueron escogidos por socialistas, cuatro por centristas y tres por la derecha.

Su presidente es el ex primer ministro socialista Laurent Fabius y entre sus miembros figura el exjefe de gobierno de derecha Alain Juppé, así como dos exministros de Macron: los centristas Jacques Mézard y Jacqueline Gourault. Su media de edad es de casi 72 años.

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¿Qué podrían decidir?

Reforma de las pensiones 

Hay tres escenarios posibles:

VALIDACIÓN: El gobierno espera la validación completa de su reforma, que Macron promulgaría a continuación de cara a su entrada en vigor antes de finales de año.

ANULACIÓN TOTAL: Los opositores solicitan su anulación completa, al estimar que el gobierno activó un arsenal de mecanismos, como el artículo 49.3 que permite adoptar una ley sin el voto del Parlamento, que pese a ser legales obstaculizaron el trabajo de los legisladores.

"Que el procedimiento sea inhabitual no quiere decir que haya que censurar la ley", asegura el constitucionalista Didier Maus.

ANULACIÓN PARCIAL: Los observadores consideran probable que el Constitucional anule partes de la ley, pero no su totalidad.

Las medidas que podrían caer son la creación de un índice "senior", que obliga a las grandes empresas a declarar el número de trabajadores mayores de 55 años, y la idea de un contrato indefinido para los empleados de más edad.

El gobierno podría salir airoso con una decisión de este tipo, siempre y cuando no se anulen las principales medidas de su ley: el retraso de la edad de jubilación y la mayor cantidad de años de cotización.

Referendo 

En una especie de decisión salomónica, el Consejo podría dar su visto bueno también a la solicitud de la oposición de izquierda de un Referendo de Iniciativa Compartida (RIP) para limitar la edad de jubilación a 62 años.

Si los "sabios" lo validan, sus promotores tienen nueve meses para recabar los 4,8 millones de firmas necesarias, correspondiente al 10% del censo electoral, para poder celebrarlo.

Sin embargo, incluso si lo consiguen, la consulta podría no celebrarse, pues el Parlamento puede en un plazo de seis meses retomar la mano de esta propuesta y pronunciarse sobre ella, en lugar de los ciudadanos.

Si los legisladores deciden no debatirla, el presidente francés estaría obligado a convocar el referendo.

Este proceso no le impidiría a Macron aplicar su impopular reforma tras el fallo del Constitucional, pero eso generaría una situación de incertidumbre con una eventual decisión contraria en el referendo meses después.