Uno de los rasgos más importantes que se ha puesto de manifiesto en el contexto social latinoamericano producto de esta pandemia, tan intempestiva como aleccionadora, del coronavirus Covid-19, es la precaria condición de la institucionalidad en la región.  Una débil capacidad de los gobiernos en general y del sector salud en particular.

Ahora con el ataque de este virus, la realidad nos ha alcanzado de manera más evidente.  No es que no lo haya hecho antes.  No.  Allí están las víctimas fatales cotidianas, anónimas, del hambre, por ejemplo.  Pero ahora los impactos son más visibles.  Se presentan más impúdicamente.  En el otro caso, después de todo, el hambre no es contagiosa.

Sin lugar a dudas, esto es una tragedia lacerante. Para quién pueda aún abrigar algún cuestionamiento, véase a la gente muriendo literalmente en las calles de Guayaquil.  Allí está el grito de los cadáveres a la abierta luz del día.  Es un grito estruendoso a nuestra inoperancia, a nuestra disfuncionalidad social, a nuestra conciencia. 

Nos damos cuenta ahora, con mayor dramatismo, en medio de esta tragedia, que el mercado no puede resolverlo todo, ni de manera eficiente, ni eficaz, ni mucho menos oportunamente. Resuelve cosas el mercado. Claro que sí, pero la anormalidad de las condiciones actuales es una de las grandes afrentas que tenemos que encarar a fin de sobrevivir.  Nos enfrentamos ahora a eventos extraordinarios que demandan la generación y acceso a lo que son servicios relacionados con la condición humana más valiosa: la salud.

De lo que se trata de enfatizar es que estos servicios de salud, además de constituir un derecho, representan por lo general un servicio público.  Las consideraciones que sustentan este planteamiento serían muy extensas de enumerar. 

No obstante, es de subrayar, por ejemplo, que la salud es una variable que se comporta inelásticamente en la demanda, es decir vamos a pagar lo que sea, no ahorramos en cuanto al acceso al servicio.  De esa cuenta, al privatizarse, quienes llevan la ventaja posicional -esto está muy estudiado en economía y en teoría de juegos- son los oferentes del servicio.  Los consumidores pagarán lo que se requiera con tal de hacerse con esos vitales servicios.

De esa cuenta conviene tener presente lo que ahora es una por demás baja la capacidad de los gobiernos en América Latina y el Caribe.  Se tienen pocos recursos.  Desde fines de los años setenta, se desmantelaron lo que estaba quedando de capacidad pública. Incluso para ese entonces, lo que ya eran entidades públicas débiles.

Entre los rasgos que corren aparejados a esa débil institucionalidad, está la relativamente baja carga impositiva, medida, por ejemplo, en el porcentaje de impuestos sobre el total de producción de un país -producto interno bruto, PIB.  El promedio de esta carga impositiva es de 34 por ciento en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) mientras que para América Latina y el Caribe, ese indicador es de 23 por ciento.

Está Brasil y Argentina con cargas de 32 por ciento promedio en un extremo, para tener en lo más bajo del rango, a Guatemala y República Dominicana con 12 y 13 por ciento, respectivamente. Y a eso hay que agregar que en general en la región el mayor peso impositivo es regresivo, tal el caso del IVA. 

Es decir, lo terminan pagando más en términos marginales, quienes de por sí son vulnerables.  Algo que afecta con mayor intensidad a asalariados, informales, personas que viven del día a día. Y que actualmente son los que están más expuestos, ante las medidas de confinamiento y toques que queda, que se han establecido con el fin de evitar el contagio. 

Salir a las calles, para muchas personas es enfrentar el riesgo del contagio, pero es también la esperanza de poder superar el hambre de cada día con recursos escasos en un contexto de gran vulnerabilidad y ciudades que actualmente parecen despobladas.

A los pocos recursos para las instituciones se agregan las condiciones de corrupción e impunidad.  Pareciera ser una constante cuasi genética en muchas personas, el deseo de tener el dinero de manera rápida, fácil y efectiva; de despreciar el conocimiento y el trabajo.

En la región, para colocar otra ilustración sobre capacidad médica instalada, en cuanto al indicador de médicos por cada 1,000 habitantes, Uruguay y Argentina encabezan la dotación, con cifras de 3.94 y 3.91 respectivamente, pero en el otro extremo se tienen las condiciones por ejemplo de Guatemala, Bolivia y Nicaragua en donde este indicador no llega a 1 por cada 1,000.  Otro tanto puede decirse de las condiciones de infraestructura básica, tal el caso de acueductos y alcantarillados. 

De manera que el virus llega a la región no sólo con su poder de alto contagio y muertes, sino enfrentando defensas frágiles.  Véase cómo en países con mejores condiciones de infraestructura física y sanitaria, los estragos están siendo más que notables, tales los casos trágicos de Estados Unidos, Italia y España. 

Es tiempo de llegar a nuevos acuerdos fiscales. Es tiempo de fortalecer instituciones.  Es tiempo de un combate a la corrupción y a la impunidad. En la medida que estas variables predominen, no habrá cantidad de recursos que alcancen.

Recursos bien utilizados, puedan dar cobertura de sanidad a grandes grupos de población, mismos que ahora tienen mayor peligro de exposición.  Grupos más vulnerables, que están enfrentando al tiburón sólo con las propias manos. Y desde luego, es tiempo de solidaridad y de valorar la ciencia y el conocimiento, sólo con ellos podemos capear este temporal

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor, Facultad de Administración de la Universidad del Rosario

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