Aunque los hechos están frescos -ocurrieron este 9 de enero- es probable que estemos presenciando un punto de inflexión en la política de seguridad ecuatoriana. Como se reconoce, al haber saltado la noticia a los grandes titulares de la prensa internacional, el presidente Daniel Noboa ha declarado el Estado de Excepción y la existencia de un “conflicto armado” en todo el territorio de su país.

De entrada, se requiere cerrar filas en torno a las instituciones legalmente establecidas.  Las diferencias políticas, de procedimiento, de discusión sobre movimientos operativos de policía y ejército pueden esperar. Sin embargo, no se trata de que las fuerzas del orden tengan un cheque en blanco, total impunidad para actuar. Es claro que al ver la sevicia con la que actuaron los terroristas, es normal animarse a soluciones rápidas, contundentes. Cierto.

Pero es necesario poder distinguir la capacidad de los grupos paramilitares y cómo enfrentarlos.  Se demanda efectividad -eficiencia y eficacia- a toda prueba, pero también importan los límites observables en los conflictos: referencias en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Conforme a un rápido análisis de contexto es de reconocer que el detonante de los acontecimientos del martes 9 de enero de 20424 en Ecuador habría sido la fuga de “Fito” el líder del grupo paramilitar “Los Choneros”.  Los movimientos de los criminales se habrían producido con la finalidad de desviar y ocupar substancialmente la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad. Es terrible. Terrible ver a presos armados teniendo arrodillados a policías y uniformados de los penales, a distancia inmediata de disparos mortales.

Tómese en cuenta cómo los presos tomaron seis cárceles –donde retienen a 178 personas, la mayoría guardia penitenciaria-, además de que un grupo armado entró a las instalaciones del canal de televisión TC. Se trata de una demostración de fuerza, del desafío de un grupo paramilitar que -con los recursos de la droga y las extorsiones- impone su presencia en Ecuador.

Otro dato importante por tomar en cuenta es que Ecuador vive la peor crisis de seguridad de su historia. Fue precisamente el año 2023, recién finalizado, cuando se tuvo el mayor número de homicidios, se ha elevado significativamente la población carcelaria y las disputas por las nuevas rutas de narcotráfico están detrás de este fenómeno generalizado de violencia.

El Presidente Noboa ha decretado el Estado de Excepción. Algo que se va haciendo normal, recurrente, parte del paisaje en este país sudamericano. En efecto, el anterior Presidente Guillermo Lasso, lo decretó en veinte oportunidades.

No obstante, ahora existe un agravante: al reconocer la existencia de un conflicto armado interno, legalmente se puede tener la movilización plena del ejército y el uso de armas letales.  Es allí donde reside uno de los riesgos, de tener resultados indeseables en la muerte de inocentes. Y no se trata de justificar como lo hacen algunos cuando señalan: “sólo hacía mi trabajo”, “son daños colaterales”.

Un tema por demás clave en todo esto consiste en determinar la fuente de recursos con base en la que operan estos poderosos grupos armados. Todos lo sabemos. Son los niveles estratosféricos de rentabilidad que deja el negocio de droga. Que se origina, entre otros factores –aunque el problema es más complejo- en la demanda de los productos.

Considerando este último elemento es posible sostener que Ecuador se ha convertido en una región específica clave, donde se entrecruzan varias rutas de narcotráfico. Especialmente se menciona la cocaína hacia las áreas de demanda: Estados Unidos y Europa. La trifulca se estaría dando entre carteles mexicanos y la mafia albanesa, tal y como lo sostiene el investigador David Gómez.

Esto del lucrativo negocio del narcotráfico impone un desafío más allá de las fronteras de los países.  Uno de los casos de texto para este fenómeno sería precisamente Ecuador.  Este rasgo transnacional estaría requiriendo un enfoque estratégico conjunto. No hacerlo es conformar un escenario de divisiones operativas, legales, con diferentes medidas de mediano y largo plazo por parte de diferentes países los cuales podrían incluso ser contradictorios. Se mermarían así los niveles de efectividad requeridos.

Tómese en cuenta, por lo demás, de situaciones que no tenían antecedentes, tales como la toma en vivo y directo de un canal de televisión. Se evidencian en esto, niveles alarmantes mediante los cuales operan esos grupos al margen de la ley. Afortunadamente no se reportaron víctimas mortales en la referida estación televisiva, más no así en otros ataques en Guayaquil, donde opera ese canal.

Otra arista a considerar, el joven Presidente Daniel Noboa (1987 -) debe soportar ahora fuertes presiones en función de procedimientos efectivos y resultados inmediatos. Tomó el poder del Ejecutivo hace dos meses, dada la salida anticipada de Guillermo Lasso. El actual mandatario estará en ese cargo durante 18 meses.

De nuevo, es de respaldar, con el beneficio de inventario, a las fuerzas de seguridad.  Se trata de no desembocar en abusos, sabiendo que todo el escenario y la dinámica pueden resultar en repercusiones poco previstas. Es de operar evitando los golpes intempestivos de timón.

Es necesario que las acciones contengan una estrategia que incluya capacidad de grupos delincuenciales, factores de aprovisionamiento, rutas clave y capacidad de respuesta. Por ahora, como no podía ser de otra forma, se han promulgado promesas esperanzadoras; es de esperar que las mismas no se basen en errores de apreciación.

Ecuador con su crisis actual no deja de ser un caso de alerta para otros países de la región latinoamericana y caribeña.

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor, Facultad de Administración de la Universidad del Rosario

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