La justicia de Ecuador ordenó el viernes la prisión preventiva del exvicepresidente Jorge Glas, quien desde hace tres semanas está refugiado en la embajada de México en Quito en medio de una investigación en su contra por un presunto peculado, informó la fiscalía.
La entidad señaló en un comunicado que su titular, Diana Salazar, solicitó a un juez de la suprema Corte Nacional de Justicia que "dicte prisión preventiva" para Glas, lo cual "fue aceptado".
Glas y otros dos exfuncionarios del gobierno del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017) son enjuiciados por un supuesto peculado en obras públicas contratadas luego de un devastador terremoto en la costa ecuatoriana en 2016.
El exvicepresidente (2013-2017) lideró un comité para la reconstrucción de zonas afectadas por el fenómeno natural, para lo cual el gobierno recaudó unos 1.614 millones de dólares de aportes obligatorios de los salarios de todos los empleados y el alza temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
"Millones de dólares recaudados por contribuciones emergentes de todos los ecuatorianos se destinaron a contratos y proyectos para los que no fueron recolectados, evidenciando un abuso de los fondos estatales y que –incluso– hasta la presente fecha es palpable la inexistente reconstrucción de obras tras el terremoto", según la fiscal.
La justicia también dispuso el congelamiento de cuentas bancarias de los involucrados y les prohibió a cada uno vender los bienes a su nombre por valor de 122,5 millones de dólares.
En medio de la investigación fiscal, Glas se refugió el 17 de diciembre en la embajada de México en Quito, país al que pidió asilo.
En otro proceso distinto, el exvicepresidente fue condenado en diciembre de 2017 -fecha en la que ya había sido reelegido- a seis años de cárcel por la trama de corrupción de la firma brasileña Odebrecht. En 2022 obtuvo su libertad condicional.
Su abogado Eduardo Franco ha señalado que el asilo permitirá a Glas proteger "su integridad física" ante la inseguridad en las cárceles.
La violencia del narcotráfico encontró su nido en las prisiones de Ecuador, que se han convertido en centros de operaciones criminales y campos de batalla. Desde febrero de 2021, choques entre bandas han dejado más de 460 reclusos muertos.
La cancillería ecuatoriana sostiene que "no sería lícita una eventual concesión de asilo diplomático" y que "deploraría" esa medida en caso de ser otorgada, ante la cual "actuará con absoluta firmeza".
En los últimos años, México otorgó asilo o refugio a otros exfuncionarios del gobierno de Correa como el excanciller Ricardo Patiño y los diputados Soledad Buendía, Carlos Viteri y Gabriela Rivadeneira.