Uno de los ejes fundamentales del proceso de reforma agraria, que se supone está en el top de prioridades de gestión del actual Gobierno, es la implementación del catastro multipropósito. Paradójicamente, faltándole apenas veintiún meses de mandato, este mecanismo presenta un retraso muy significativo.

Se trata de un hecho por demás preocupante, ya que la actualización catastral es un elemento vital para la modernización urbanística, la regulación del recaudo tributario, el ajuste de los usos del suelo y todo lo relativo a la viabilidad de los proyectos de infraestructura, agroindustria, desarrollo sostenible y planificación socio-económica en los más de 1.100 municipios del país. Y también es un elemento determinante de la política de tierras, sobre todo de cara a la formalización y entrega de más de tres millones de hectáreas de predios productivos a campesinos de bajos recursos. Esta última meta, como se sabe, no solo es una de las más colgadas en cuanto a la implementación del acuerdo de paz suscrito en 2016, sino que, además, en los últimos meses ha estado rodeada de una serie de presuntos hechos de corrupción y politiquería en las entidades respectivas del Gobierno Nacional Central.

En palabras sencillas, el catastro es el inventario o censo de las casas, lotes, terrenos o bienes inmuebles localizados en el determinado territorio, ya sean públicos o privados, independiente de su tipo de tenencia. Ese inventario debe actualizarse y clasificarse con el fin de lograr su identificación física, jurídica y económica con base en criterios técnicos y objetivos. Se le denomina multipropósito, de acuerdo a la normatividad que lo soporta, porque registra de manera sistemática y permanente la información integral de todos los predios, la cual se integra con la información del Registro inmobiliario y con otros sistemas de datos territoriales, por ejemplo, en las áreas ambiental, social, económica y étnica, entre otras. Dicho compilado es un insumo fundamental en la formulación e implementación de múltiples políticas públicas, así como en los procesos de toma de decisiones en todos los niveles de Gobierno, obviamente para beneficiar a la población. Ya no es, como en el pasado, un elemento relacionado exclusivamente con el impuesto predial, sino que es un indicador complejo e integral para la hoja de ruta de desarrollo regional y local.

Pese a que en el Plan de Desarrollo vigente esta es una de las principales estrategias a dejar avanzadas hacia el 2026, el corte de cuentas que hizo la Procuraduría General es desolador. De un lado, porque, a hoy, apenas se ha cumplido un 20% de la meta de actualización catastral, lo que desde ya permite inferir que cuando termine este mandato no se cumplirá el objetivo de haber avanzado en el 70% de la implementación. Es decir, que no se llegará a 80 millones de hectáreas en no menos de 660 municipios

Las cifras son frías y duras: este año debería cerrar con 29,7 millones de hectáreas ya incluidas en este mecanismo, pero, según el Ministerio Público, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) ya anunció que solo entregará 7,5 millones. Es decir, que apenas se cumplirá una cuarta parte de la meta en 2024.

¿Qué está pasando? Según el ente de control disciplinario hay varios cuellos de botella. De un lado, el Gobierno no ha expedido los decretos que permitan intervenir los territorios colectivos de pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palanqueros. No es un asunto menor si se tiene en cuenta que estas áreas abarcan 15 millones de hectáreas en todo el país. Pese a que se han dado varios campanazos alrededor de esta demora crítica, todavía no se ha superado el vacío normativo.

Otro obstáculo grave se refiere a la escasez presupuestal para que los municipios lleven a cabo este proceso que, como se dijo, es complejo y requiere una infraestructura y experticia técnica. De hecho, el Agustín Codazzi advirtió ya de un faltante, solo para este año, de más de 700.000 millones de pesos.

Visto todo lo anterior, resulta evidente que, en gran parte del retraso en la implementación del catastro multipropósito, como se ha reiterado en no pocos debates en el Congreso, la responsabilidad directa es del Gobierno, por acción u omisión.

Como se dijo al comienzo, resulta difícil entender cómo una de las metas oficiales principales está tan retrasada. No tiene prioridad normativa ni presupuestal. Peor aún: si bien suele reiterarse en muchos de los discursos presidenciales y ministeriales, a la hora de la verdad no hay voluntad política real para sacarlo adelante.