EL LABORATORIO de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, analizó datos 2022 a corte de 31 de julio de 2024, del visor del Ministerio de Educación alimentado por el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT) para indagar sobre la atención educativa (desde pre jardín a media) de la población migrante venezolana.

Según datos del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, para el año escolar 2023, un poco más de 600.000 estudiantes venezolanos estaban matriculados en el sistema educativo colombiano. En 2023 los estudiantes migrantes venezolanos matriculados en Colombia crecieron un 6,6%, y en 2024, hasta julio, ya se reportaba un aumento del 3,5% respecto a 2022.

El documento del LEE muestra que, en promedio desde 2022, el 34% de los migrantes venezolanos matriculados se encuentra en la región centro oriente (compuesta por Bogotá, y los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander), el 32% en la región caribe, el 16% en la región del eje cafetero y Antioquia, 10% en la región pacífica, 6% en los llanos y 2% en la región centro sur y Amazonía (compuesta por Amazonas, Caquetá, Huila, Putumayo y Tolima).

Asimismo, el 87% de los estudiantes migrantes se encuentra en el sector oficial, el 6% en el sector privado y 7% en modalidad contratada. En promedio, el 79% se ubica en instituciones educativas del área urbana y el 21% en el área rural. Finalmente, la proporción de mujeres es ligeramente mayor con un 50,4%, versus el 49,6% de los hombres matriculados.

Matriculados por grado

Analizando los estudiantes por nivel educativo, en promedio, en los últimos tres años, el 57% de los migrantes venezolanos se matriculan en los grados de primaria, el 25% en el nivel de secundaria, el 10% en transición, 7% en el nivel de media y 0,9% en prejardín y jardín. El informe indica que entre el periodo analizado (2022 - 2024) ha disminuido la proporción de migrantes venezolanos matriculados en educación inicial (en transición, por ejemplo, disminuyó 7 puntos porcentuales y prejardín y jardín disminuyó 0,6 puntos), mientras que en los demás niveles ha aumentado en promedio 1,2 puntos porcentuales.

Por otro lado, los investigadores observaron que, desde el 2022 ha venido cayendo la proporción de niños, niñas y adolescentes venezolanos matriculados como irregulares. Para julio de 2024, ya el 62% de los migrantes venezolanos matriculados poseen un documento de identidad válido en el Sistema de Matrículas que los cataloga como regulares. “La disminución de la matrícula irregular es un avance positivo, pero es necesario acelerar los procesos de regularización y garantizar la inclusión de todos los estudiantes, especialmente los más vulnerables, mediante mecanismos más ágiles”, señala el informe.

Los analistas del LEE de la Javeriana sostienen que, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), hasta mediados de 2024, se estima que más de 2,8 millones de venezolanos viven en Colombia, convirtiendo a nuestro país en el principal receptor de migrantes venezolanos en la región. En el ámbito educativo, este fenómeno migratorio ha generado una serie de desafíos y oportunidades significativas. El aumento de estudiantes migrantes con respecto al 2022 demanda una mayor inversión en infraestructura educativa, especialmente en las regiones con mayor concentración de esta población para garantizar la calidad y cobertura del servicio educativo.

Recomendaciones

En 2023 los estudiantes migrantes venezolanos matriculados en Colombia crecieron un 6,6%, y en 2024, hasta julio, el aumento fue del 3,5% respecto a 2022. La distribución regional muestra que el 34% de los migrantes se concentra en la región centro-oriente y el 32% en la región Caribe.

El aumento sostenido de estudiantes migrantes desde el 2022 demanda una mayor inversión en infraestructura educativa, especialmente en estas regiones con mayor concentración para garantizar la calidad y cobertura del servicio educativo. Además, 79% de estos estudiantes asiste a instituciones urbanas, el 87% está en el sector oficial, y el 7% en modalidad contratada.

En general, la situación expuesta en el informe suscita algunas reflexiones de política pública, presentadas a continuación:

• Continuar fortaleciendo la difusión de las nuevas disposiciones para el acceso al Estatuto Temporal de Protección para venezolanos de niños, niñas y adolescentes que se ajustan a la regularización de los estudiantes, así como la sensibilización con las autoridades educativas en coherencia con disposiciones del Gobierno nacional sobre la gratuidad, homologación de escolaridad y eliminación de trámites para garantizar su acceso y permanencia en el sistema educativo.
• Promover estrategias educativas para la nivelación escolar y el fortalecimiento de la permanencia en el sistema educativo junto con estrategias de prevención de la xenofobia en comunidades de acogida e instituciones educativas.
• Diseñar e implementar una estrategia fortalecida de divulgación e información para el uso de la oferta institucional en los casos en los cuales los padres o acudientes no cuenten con recursos monetarios y se evidencie la necesidad de recuperación de aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes impactados por la pandemia y por los mismos procesos migratorios.
• Fomentar alianzas con empresas privadas para proporcionar becas, materiales y otras formas de apoyo a los estudiantes migrantes. Esto como una manera de, por ejemplo, asegurar el acceso a materiales educativos y tecnológicos para estudiantes migrantes que pueden haber llegado con recursos limitados.
• Continuar la implementación de programas enfocados en el fortalecimiento de habilidades socioemocionales y apoyo psicosocial a los estudiantes que han emigrado recientemente. Esto debe incluir también capacitación para los docentes sobre los desafíos que enfrentan los estudiantes y padres de familia migrantes, y sobre estrategias pedagógicas inclusivas.