Ecuador anticipó el miércoles que el impacto este año del fenómeno meteorológico de El Niño en su territorio será similar al registrado a su paso en 1997, de los más fuertes en la serie histórica desde 1950 y que dejó millonarias pérdidas.
"Tendríamos nosotros un fenómeno de El Niño como el del 97 porque el peor de los casos sería que tengamos un (...) mayor al del 97", dijo el ministro del Interior, Juan Zapata, al canal Teleamazonas.
Los efectos de El Niño entre 1997 y 1998 dejaron en Ecuador casi 300 muertos y pérdidas estimadas en unos 3.000 millones de dólares, según cifras oficiales.
El funcionario agregó que en las previsiones del gobierno "venimos comparando con el fenómeno de El Niño del 97, que fue un fenómeno que trajo mucha complicación y perjuicio al país".
Ese episodio generó precipitaciones diez veces superiores a las normales en la zona central de Ecuador y su vecino Perú, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
- Le pude interesar: Así vivieron Abad y Jaramillo el bombardeo a restaurante en Ucrania
Esa entidad de las Naciones Unidas (ONU) estimó en mayo que el período 2023-2027 sería el más caluroso jamás registrado en la Tierra bajo el efecto combinado de El Niño y el calentamiento global provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero.
Hace casi tres semanas, la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) señaló que ya comenzó a desarrollarse El Niño, que aparece cada 2 a 7 años en promedio y tiene consecuencias para todo el planeta al propiciar fenómenos climáticos extremos.
Ecuador afronta una fuerte época lluviosa que desde enero deja unos 100 fallecidos -incluidos 65 a causa de un deslave que cubrió una zona en la que había 209 viviendas-.
Así, se prepara para afrontar el arribo del fenómeno de este año con un presupuesto inicial de 266 millones de dólares.
La secretaría de Gestión de Riesgos declaró en mayo pasado alerta amarilla para localidades situadas a una altitud menor a 1.500 metros sobre el nivel del mar en 17 de las 24 provincias del país, en las cuales se prevé una activación significativa de la amenaza a partir del segundo semestre.